En agosto de 1971, un memorándum interno marcó el momento en que el poder corporativo dejó de actuar como grupo de presión y empezó a actuar como poder constituyente. Medio siglo después, todavía vivimos dentro de esa derrota.
La República estadounidense no murió de golpe. No hubo tanques en la calle, ni cierre del Congreso, ni suspensión formal de las elecciones. Murió con algo mucho más discreto: un memorándum.
En agosto de 1971, Lewis F. Powell Jr., abogado corporativo estadounidense y futuro juez del Tribunal Supremo, redactó para la Cámara de Comercio de Estados Unidos un documento titulado Attack on American Free Enterprise System. A primera vista parecía una nota interna más. Leído con perspectiva, fue un grito de guerra.
El memorándum no creó de la nada el poder corporativo moderno, pero lo ayudó a reconocerse, organizarse y legitimarse como fuerza política permanente. Antes de Powell, el capital actuaba de forma defensiva, casi vergonzante. Después de Powell, empezó a actuar con programa y legitimidad. Dejó de presentarse solo como motor económico y empezó a presentarse como víctima cultural, como defensor de la libertad y como sujeto político con derecho a intervenir en todos los espacios donde se forma la conciencia pública.
Por eso aquel día empezó a morir una forma de política: no la política como espectáculo, ni como elección periódica, ni como disputa partidista, sino la política entendida como capacidad democrática de imponer límites al poder económico.
I. La pesadilla reformista
Powell no escribió en el vacío. Su memorándum fue una reacción directa al clima de los años sesenta y al legado reformista de Lyndon B. Johnson, presidente demócrata entre 1963 y 1969. La Great Society había ampliado el papel del Estado: derechos civiles, Medicare, Medicaid, políticas contra la pobreza, regulación pública. A eso se sumó el auge de los movimientos sociales: feminismo, ecologismo, derechos civiles, oposición a Vietnam, activismo de consumo. Incluso bajo Nixon la presión social obligó a crear la Environmental Protection Agency (EPA) y la Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
El problema para las corporaciones no era solo Johnson. Era una época entera en la que la sociedad estadounidense parecía haber decidido que el mercado debía ser controlado por la política.
No porque Estados Unidos estuviera a punto de volverse socialista. Esa caricatura no explica nada. Lo que las élites corporativas percibieron fue algo más concreto: el capitalismo estaba perdiendo legitimidad cultural. Ralph Nader, abogado y activista que había convertido la defensa del consumidor en una fuerza política real con su libro Unsafe at Any Speed (1965), había puesto en jaque a la industria del automóvil. Las tabacaleras enfrentaban evidencia médica creciente. Dow Chemical era señalada en las universidades por producir napalm. Las industrias químicas, automovilísticas y farmacéuticas descubrían que ya no podían operar bajo el viejo aura de progreso incuestionable.
El ciudadano había empezado a mirar a la gran empresa como problema político. Ese fue el trauma.
Powell comprendió que la batalla no se libraba solo en el Congreso, sino en las universidades, los medios, los tribunales, los manuales escolares y el sentido común de una generación. Su diagnóstico fue simple: si el capitalismo quería sobrevivir sin quedar sometido a una democracia reformista, debía organizar una contraofensiva.
II. El capitalismo se declara víctima
La gran astucia del memorándum fue convertir al poder corporativo en víctima. Según Powell, el sistema de libre empresa estaba siendo atacado por intelectuales, profesores, estudiantes, periodistas y consumidores organizados. El enemigo no era la Unión Soviética: estaba dentro, en cualquier espacio donde se cuestionara la autoridad natural del mercado.
Este desplazamiento era decisivo. Criticar a las grandes empresas dejaba de ser una forma legítima de intervención democrática y pasaba a ser presentada como un ataque contra la libertad. Regular, fiscalizar, exigir responsabilidad social podía reinterpretarse como hostilidad al sistema.
No se trataba de ampliar la libertad del ciudadano común. Se trataba de blindar la libertad del capital frente a la política.
III. La organización política del capital
El memorándum no era solo una queja: era un programa de acción. Powell pedía a los empresarios que defendieran su mundo, no sus productos. Que entendieran que el capitalismo necesitaba una infraestructura cultural, jurídica e intelectual propia. Llegó a proponer destinar el 10% del presupuesto publicitario corporativo a campañas ideológicas y someter a las grandes cadenas de televisión a "vigilancia constante".
Los cinco frentes de la contraofensiva
Conviene precisar algo para no convertir a Powell en un demiurgo. El memorándum no fue un plan maestro seguido al pie de la letra. Como ha mostrado Jason Stahl, historiador estadounidense especializado en el auge de los think tanks conservadores, la ofensiva intelectual de la derecha norteamericana fue más descentralizada y sofisticada de lo que Powell sugería. William Baroody Sr., presidente del American Enterprise Institute (AEI) y verdadero arquitecto del modelo moderno de centros de pensamiento conservadores, comprendió algo que Powell no había formulado: la defensa del capital no podía parecer propaganda patronal. Tenía que presentarse como mercado de ideas, como investigación independiente.
Esa estrategia atrajo a economistas, juristas y antiguos liberales desencantados con la Great Society. El capital no solo financió ideología: financió apariencia de neutralidad.
La creación de la Business Roundtable en 1972 —una asociación que reunió a los principales directores ejecutivos de las grandes corporaciones estadounidenses— simbolizó el cambio. Los grandes directores ejecutivos empezaron a actuar como bloque político con agenda común. El impacto sobre el movimiento obrero fue demoledor: la afiliación sindical perdió cerca de cinco millones de miembros entre 1975 y 1985, una tendencia que se consolidó en agosto de 1981 cuando Reagan despidió de forma fulminante a 11.345 controladores aéreos en huelga. Después llegaron fundaciones, bufetes de litigio estratégico, redes mediáticas.
Powell no inventó todo eso, pero su memorándum expresó con brutal claridad el estado de ánimo de una clase dirigente que había decidido pasar a la ofensiva.
IV. El dinero como palabra
El golpe definitivo no consistió en que las empresas tuvieran más dinero que los ciudadanos. Eso ya era evidente. Consistió en convertir ese dinero en libertad de expresión.
En Buckley v. Valeo (1976), el Tribunal Supremo estableció que limitar los gastos independientes en campañas afectaba a la libertad de expresión. El gasto político dejaba de ser solo gasto y empezaba a ser discurso. La operación alcanzó su dimensión decisiva en First National Bank of Boston v. Bellotti (1978). Una ley de Massachusetts prohibía a ciertas corporaciones gastar dinero para influir en referéndums que no afectaran directamente a sus negocios. ¿Podía una empresa usar su poder financiero para intervenir en una decisión política general?
La mayoría respondió que sí. Quien redactó la opinión mayoritaria fue Lewis Powell.
Para Powell, lo importante no era la identidad del hablante, sino el valor del discurso para el debate público. Si una corporación quería expresar una posición política, el Estado no podía censurarla por ser corporación. Esa doctrina parece neutral, pero no lo es: una corporación no habla como un ciudadano. Habla con recursos acumulados, departamentos jurídicos, capacidad publicitaria, influencia económica y permanencia institucional.
Las disidencias entendieron el peligro
El juez Byron White, miembro liberal del Tribunal Supremo nombrado por John F. Kennedy, advirtió que las corporaciones habían recibido privilegios legales —personalidad jurídica, responsabilidad limitada, acumulación masiva de capital— para fines económicos, no para dominar el debate político. El juez William Rehnquist, paradójicamente conservador y futuro presidente del propio Tribunal, fue más directo: una corporación es una criatura artificial creada por el Estado. No tiene conciencia, cuerpo ni ciudadanía. Convertirla en sujeto pleno de expresión política era confundir una herramienta jurídica con un ciudadano.
Pero ganó Powell. La democracia podía regular el dinero mientras el dinero fuera visto como poder. Cuando el dinero fue redefinido como palabra, regularlo empezó a parecer censura.
Ahí se abrió el camino que llevaría a Citizens United v. FEC (2010), que consolidó la protección del gasto político independiente de corporaciones y sindicatos.
V. Elecciones bajo campo inclinado
A partir de ahí, la política no desapareció. Se volvió más estrecha. Siguió habiendo campañas, debates, candidatos, alternancia. Pero el campo de lo posible empezó a inclinarse. Cada vez más decisiones fundamentales quedaban condicionadas por poderes que no se presentaban a las elecciones: mercados financieros, grandes donantes, agencias de calificación, corporaciones transnacionales, medios concentrados, tribunales, bancos centrales, organismos internacionales.
Conviene no simplificar. La democracia estadounidense no se transformó de la noche a la mañana en una oligarquía mecánica. Martin Gilens y Benjamin Page, politólogos de las universidades de Princeton y Northwestern, sostuvieron en su influyente estudio de 2014 que las élites económicas tienen una influencia muy superior a la del ciudadano medio. Pero esa tesis ha sido seriamente discutida: Peter Enns, politólogo de la Universidad de Cornell, y otros investigadores han mostrado que las preferencias de clases medias y altas se correlacionan en torno a 0,94 en la mayoría de asuntos, lo que produce "representación por coincidencia". El argumento, por tanto, no se sostiene en una medición cuantitativa contestada, sino en algo cualitativamente más sólido: la transformación del marco institucional dentro del cual se vota.
La ciudadanía sigue votando, sigue organizándose, sigue pudiendo producir cambios. Pero lo hace en condiciones desiguales frente a actores capaces de financiar campañas, sostener litigios durante años, producir expertos, capturar lenguaje técnico, condicionar mercados y castigar gobiernos.
Colin Crouch, sociólogo británico, llamó a esto postdemocracia: las instituciones siguen formalmente en pie, las elecciones se celebran, los parlamentos funcionan, pero la energía real de la decisión se desplaza hacia círculos cerrados de élites, consultores, expertos y profesionales de la comunicación. Peter Mair, politólogo irlandés autor del influyente Ruling the Void, describió la otra cara: el vaciamiento por separación creciente entre ciudadanos y partidos, que se profesionalizan y se refugian en el Estado mientras los ciudadanos se retiran hacia la apatía y la impotencia.
Este es el sentido profundo de la muerte de la República. No significa que ya no haya Parlamento: significa que legisla bajo vigilancia. No significa que no haya elecciones: significa que ocurren dentro de un marco ocupado por el dinero. La soberanía popular no fue abolida. Fue rodeada.
VI. La gran inversión
La victoria más profunda del programa Powell fue moral. Consiguió que el poder se presentara como libertad. El empresario poderoso se volvió ciudadano que se expresa. La corporación, asociación de individuos con derechos. El dinero, palabra. La regulación, censura. El Estado social, amenaza. El sindicato, rigidez. El activista, enemigo del progreso. El estudiante crítico, adoctrinado.
Los que tenían más poder material empezaron a presentarse como oprimidos por el Estado. Los que pedían límites democráticos al capital fueron presentados como enemigos de la libertad. Y la libertad misma fue reducida a la libertad del capital para actuar sin obstáculos.
No hizo falta decir abiertamente que las empresas debían mandar. Bastó con convencer a la sociedad de que cualquier intento de limitar su poder era peligroso, ineficiente o antidemocrático.
La República estadounidense murió en agosto
El Memorándum Powell merece ser leído como algo más que un documento histórico. Fue una declaración de guerra. No contra el comunismo, aunque usara ese fantasma como telón. Fue una declaración de guerra contra la posibilidad de que la democracia regulase al capital.
Powell entendió que las empresas no podían limitarse a ganar dinero. Tenían que ganar la batalla cultural, jurídica y política. Tenían que ocupar la universidad, los medios, los tribunales, los partidos, los centros de pensamiento y el lenguaje mismo de la libertad. En buena medida lo hicieron.
No mataron la República en un día. Sería demasiado simple decirlo así. Pero marcaron el momento en que el poder corporativo comprendió que debía dejar de actuar como grupo de presión y empezar a actuar como poder constituyente.
No desapareció la política. Murió su promesa más peligrosa: la promesa de que la mayoría podía imponer límites al poder de unos pocos.
Y quizá ese mismo día nació también algo. Algo que todavía no tenemos buen nombre para decir. Un régimen que conserva las formas de la democracia y las instituciones del Estado de derecho, pero donde el poder constituyente real se ha desplazado fuera del alcance del voto. Lo llamamos postdemocracia, neoliberalismo, oligarquía con elecciones: ninguno termina de capturarlo.
Lo que sí sabemos es que la corrupción que hoy nos escandaliza —las puertas giratorias, el lobby permanente, la financiación de campañas, los expertos de alquiler— no es un fallo de ese régimen. Es su funcionamiento normal. Es el orden Powell operando como fue diseñado.
Y desde entonces seguimos viviendo dentro de esa derrota, aunque nos la sigan presentando como libertad.
Nota: artículo de opinión basado en el Memorándum Powell de 1971 (Attack on American Free Enterprise System) y en la literatura crítica sobre la reconfiguración del poder corporativo: Jason Stahl, Quinn Slobodian, Colin Crouch, Peter Mair, Martin Gilens y Benjamin Page, Peter Enns.
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