Un poder no elegido, blindado por la inamovilidad y revestido de neutralidad técnica puede causar daños enormes antes de que cualquier control llegue a tiempo. Eso no es una anomalía. Es una función.
El poder que no necesita ganar al final
La democracia liberal presume de haber domesticado el poder. Lo dividió, lo sometió a procedimientos, lo llenó de garantías, lo vistió de legalidad y nos enseñó a desconfiar del Gobierno, del Parlamento, de la policía, de los partidos y de los líderes carismáticos. Pero dejó una zona mucho menos discutida: el poder judicial.
No es un poder absoluto en términos jurídicos. Hay recursos, audiencias superiores, fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad penal y responsabilidad patrimonial del Estado. Todo eso existe. Pero esa existencia formal no resuelve el problema material. Porque el verdadero poder del juez no está solo en la sentencia final. Está en el proceso.
Un juez puede abrir una causa, alargar una instrucción, citar testigos, imputar personas, imponer medidas cautelares, ordenar diligencias invasivas, construir sospechas, generar titulares, sostener durante años una sombra penal y colocar a alguien en una posición de indefensión pública aunque después todo acabe archivado, corregido o desinflado. El daño ya estará hecho. La vida política, profesional y reputacional del afectado ya habrá sido intervenida.
Ese es el punto ciego de la democracia: hay poderes que no necesitan ganar al final para haber vencido durante el camino.
El caso del juez Peinado no importa solo por Begoña Gómez. Importa porque muestra algo más inquietante: hasta qué punto un juez instructor puede convertirse en soberano provisional de la vida pública. Puede equivocarse, puede ser corregido, puede ver anuladas partes de su actuación, pero durante meses o años habrá impuesto el marco. Y en política quien impone el marco impone una parte decisiva de la realidad.
La instrucción puede crecer, cambiar de objeto, acumular líneas, producir daño mediático, incorporar razonamientos de enorme carga política y quedar protegida durante largo tiempo por la propia lógica corporativa del sistema judicial. Cada corrección posterior llega tarde. Cada recurso resuelto meses después opera sobre un daño ya consumado. El control tardío no siempre es control. A veces es solo una autopsia institucional.
La independencia como escudo
Por eso el lawfare no debe entenderse únicamente como la desviación puntual de un juez concreto. Esa explicación es cómoda, pero insuficiente. El lawfare funciona porque existe una estructura que lo permite: una estructura en la que la independencia judicial, pensada para proteger al juez frente al poder político, puede convertirse también en escudo de un poder despótico ejercido desde dentro del propio Estado.
La independencia judicial es una conquista democrática. Sin jueces independientes, el Gobierno podría castigar a sus adversarios, proteger a sus aliados y someter la ley a la voluntad del Ejecutivo. Pero ninguna garantía democrática está libre de inversión. Una garantía puede convertirse en privilegio. Una protección puede transformarse en impunidad práctica. Una institución creada para limitar el poder puede acabar funcionando como uno de sus mecanismos más eficaces de conservación.
La cuestión, por tanto, no es si los jueces deben ser independientes. Deben serlo. La cuestión es qué ocurre cuando esa independencia se separa de una responsabilidad efectiva e inmediata. Qué ocurre cuando el juez puede producir efectos políticos devastadores sin responder políticamente por ellos, sin ser elegido por nadie y sin que los controles internos del sistema lleguen a tiempo para impedir el daño.
Ahí aparece el carácter despótico del poder judicial. Despótico no significa necesariamente ilegal. Significa que dentro de un marco formalmente legal puede ejercerse un poder unilateral, asimétrico y difícilmente controlable en tiempo real. El ciudadano no negocia con el juez. No puede destituirlo. No puede votar contra él. Solo puede recurrir, esperar, pagar abogados, soportar titulares y confiar en que otro órgano, más tarde, corrija lo que tal vez nunca debió ocurrir.
La democracia teme al poder visible, pero tolera demasiado bien el poder opaco cuando habla el lenguaje de la ley.
La forma jurídica de la guerra política
Y ese poder opaco es especialmente útil cuando se convierte en mecanismo de defensa del orden social existente. Porque el poder de clase no siempre se defiende con tanques, censura o golpes de Estado. Esos mecanismos son demasiado toscos, demasiado evidentes, demasiado caros para una democracia liberal avanzada. El poder de clase moderno prefiere otros dispositivos: mercados disciplinadores, prensa de alineamiento, burocracias técnicas, organismos reguladores, tribunales, procedimientos.
El lawfare es precisamente eso: la forma jurídica de la guerra política cuando la coerción abierta resulta demasiado visible.
No necesita condenar. No necesita probar. No necesita culminar en una sentencia firme. Le basta con activar el proceso. La denuncia puede ser débil, la base indiciaria puede ser discutible, pero si hay un juez dispuesto a convertir esa materia inicial en una instrucción expansiva, el dispositivo ya está en marcha. La causa judicial se transforma en relato político. Y el relato político opera como condena social anticipada.
En el lawfare, la pena es el proceso.
Ese mecanismo tiene una eficacia extraordinaria porque conserva la apariencia de legalidad. No se presenta como persecución. Se presenta como Estado de derecho. No necesita demostrar que alguien es culpable. Le basta con instalar la sospecha permanente de que quizá lo sea. La duda se convierte en instrumento de desgaste. El banquillo, o incluso la mera posibilidad del banquillo, se convierte en arma política.
Arquitectura, no conspiración
Aquí es donde el poder judicial puede funcionar como seguro de última instancia del poder de clase. No porque todos los jueces formen parte de una conspiración. Esa caricatura no explica nada. El poder de clase rara vez funciona así. Funciona por afinidad estructural, por cultura institucional, por selección social, por redes de prestigio, por miedo al desorden, por una idea profundamente conservadora de lo que debe ser protegido.
La judicatura no necesita recibir órdenes directas para actuar como fuerza de conservación. Basta con que su mundo social, su formación, sus jerarquías y sus incentivos profesionales estén más cerca del orden existente que de cualquier proyecto de transformación. Basta con que interprete como amenaza aquello que altera el equilibrio de poder y como normalidad aquello que lo reproduce.
Por eso el lawfare no es solo un problema de jueces politizados. Es un problema de arquitectura institucional. La justicia puede convertirse en el lugar donde el conflicto social se despolitiza para reaparecer bajo forma penal. Lo que en la esfera democrática debería discutirse como disputa de poder, de intereses o de legitimidad popular, se traslada al juzgado. Allí deja de parecer conflicto político y empieza a parecer higiene institucional.
El adversario ya no es adversario: es sospechoso.
Ese desplazamiento es fundamental. El poder judicial se presenta entonces como árbitro, pero actúa como frontera. Marca hasta dónde puede llegar la política antes de ser penalizada. Marca qué actores pueden operar con normalidad y cuáles vivirán bajo sospecha permanente. Esa asimetría es la base del lawfare. No todos entran en el juzgado del mismo modo. No todos salen igual. El poder de clase se reconoce precisamente ahí: en la diferente facilidad con la que unos son convertidos en sospechosos y otros en víctimas de persecución.
Una reserva despótica en el corazón del Estado de derecho
La democracia liberal tiene un problema que no quiere mirar. Ha dedicado siglos a limitar al Gobierno, pero ha desarrollado mucha menos imaginación para limitar a quienes limitan al Gobierno. Y esa indulgencia permite que el poder judicial conserve una reserva despótica en el interior mismo del Estado de derecho.
La justicia no se degrada porque se la critique. Se degrada cuando se la declara intocable. Se degrada cuando la independencia se convierte en coartada. Se degrada cuando el juez deja de ser garante y empieza a actuar como actor político sin asumir nunca el coste democrático de esa actuación.
El Estado de derecho no está amenazado solo cuando el poder político presiona a los jueces. También está amenazado cuando los jueces descubren que pueden intervenir en la política protegidos por el lenguaje del Estado de derecho.
Cuando el voto no basta para contener determinados proyectos, cuando la prensa no logra destruir del todo a un adversario, cuando la oposición parlamentaria no consigue bloquearlo, aparece el juzgado como instancia superior de disciplinamiento. No anula formalmente la democracia. La rodea. La condiciona. La estrecha. La convierte en un campo minado.
El lawfare no es un accidente. Es la judicialización defensiva del poder de clase.
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