¿Es China un Estado socialista? La Prosperidad Común no deja lugar a dudas

Recordando lo obvio (II): ¿Es China un Estado socialista? La Prosperidad Común no deja lugar a dudas

Hay quien mira a China y ve multimillonarios. La pregunta correcta es otra: cuando el Partido quiere mover 30.000 millones de dólares privados hacia objetivos colectivos, ¿puede hacerlo? La Prosperidad Común es la respuesta.


En Recordando lo obvio: El modelo chino analicé lo que dice el Artículo 1 de la Constitución china y lo que implica tomárselo en serio: que la soberanía política del Partido-Estado está por encima del capital. No como principio abstracto, sino como arquitectura de poder. Y dejé una pregunta de control: cuando chocan interés privado y prioridad política, ¿quién manda de verdad?

Este segundo texto profundiza en un ejemplo concreto que pone a prueba esa pregunta —probablemente el más revelador: la política de Prosperidad Común (共同富裕). No es un caso entre otros; es el mecanismo donde el Artículo 1 toca el dinero. Si la primacía de la política socialista sobre el mercado significa algo en la práctica, es aquí donde se demuestra.

Voy a explicar qué es, qué instrumentos usa, cuánto dinero mueve y qué prueba sobre el carácter socialista del modelo chino.

En un vistazo: La Prosperidad Común no es caridad ni eslogan: es el mecanismo donde la soberanía política del Artículo 1 se traduce en dinero real. Se declara "requisito esencial del socialismo", se articula mediante tres niveles de redistribución —el tercero de los cuales movilizó compromisos corporativos de ~30.000 millones de dólares solo de Alibaba y Tencent en 2021— y se respalda con un marco legal que desde 2024 mete la prioridad del Partido dentro de la gobernanza empresarial. La prueba del carácter socialista del modelo chino no es si hay ricos, sino si el Estado puede mover recursos privados hacia objetivos colectivos. La respuesta es sí.


1) La confusión occidental de partida

Hay una idea que Occidente repite para tranquilizarse: si hay multimillonarios, entonces es capitalismo; si es capitalismo, entonces manda el capital. China rompe esa comodidad.

El Partido-Estado chino no niega la acumulación privada. La administra. Y cuando considera que esa acumulación amenaza el orden social, la estabilidad política o el proyecto nacional, la somete a corrección. A veces con regulación. A veces con disciplina pública. Y, en el caso que nos interesa aquí, con un dispositivo que en el lenguaje político chino tiene nombre: Prosperidad Común.

Si el Artículo 1 de la Constitución china significa algo en la práctica, es esto: la soberanía política está por encima del capital. No en abstracto. En dinero real, en sectores reales y en decisiones reales.

El propio texto constitucional es explícito: "Leadership by the Communist Party of China is the defining feature of socialism with Chinese characteristics" y se prohíbe que cualquier organización o individuo "dañe" el sistema socialista. El mando político no es una interpretación; está constitucionalizado.


2) Qué es "Prosperidad Común" (explicado simple)

Prosperidad Común (common prosperity, 共同富裕) es una línea política reactivada con fuerza desde 2021 cuyo objetivo es que el crecimiento no produzca una sociedad partida. No es un "programa de caridad", ni una campaña estética: es una prioridad de gobierno.

En formulación oficial, se define con una frase que no deja demasiado margen. Según la traducción del Center for Strategic and International Studies (CSIS):

"Common prosperity is the essential requirement of socialism and an important feature of Chinese-style modernization."

Y, en el mismo marco, el documento oficial que en 2021 designó a la provincia de Zhejiang como zona piloto de Prosperidad Común lo formula sin rodeos: la Prosperidad Común "no solo" es economía; también es un asunto político que importa al "fundamento de la gobernanza del Partido".


3) Prosperidad Común como "contrato social" (gobernanza y legitimidad)

Hay una forma útil de entenderlo: como un contrato social. No en el sentido liberal clásico, sino como lógica de estabilidad: el Partido mantiene la dirección del Estado y, a cambio, garantiza mejora material y cohesión.

Cuando la desigualdad se desboca, la gobernanza se vuelve frágil: no porque "la gente lea la Constitución", sino porque la promesa práctica del sistema pierde credibilidad.

Esto no es psicología ni suposición: el propio documento sobre Zhejiang lo sitúa en el plano de gobernanza ("fundamento de la gobernanza del Partido"), no en el de la mera eficiencia económica. Dicho de forma cruda: no es solo control del capital; es supervivencia política.


4) Qué instrumentos usa (la pieza que más nos interesa)

Aquí viene lo importante para la tesis: Prosperidad Común no se reduce a salarios y Estado. También incluye un mecanismo que el análisis institucional describe con nombre propio: "tercera redistribución".

Rueda didáctica

  • 1.ª distribución: lo que se reparte por el funcionamiento económico (salarios/rentas).
  • 2.ª distribución: lo que corrige el Estado vía impuestos, gasto y provisión pública.
  • 3.ª distribución: aportaciones "sociales" de grandes patrimonios y corporaciones, integradas en la agenda política de Prosperidad Común.

El informe de Asia Society Policy Institute (ASPI) define la "tertiary redistribution" como un canal adicional después de los salarios y el apoyo gubernamental.

Y aquí está el punto decisivo para hablar de obligación sin inventar nada: el mismo informe señala que no está claro que las donaciones masivas asociadas a Prosperidad Común sean "voluntarias y sostenibles", y apunta a presión política como explicación plausible a corto plazo (menciona explícitamente a Alibaba y Tencent).

La magnitud del mecanismo: los números de 2021

Para que la "tercera redistribución" no quede en abstracción, conviene ponerle cifra. Tras el discurso de Xi Jinping en agosto de 2021, solo Alibaba y Tencent comprometieron 100.000 millones de yuanes cada una (~15.000 millones de dólares por empresa) en iniciativas vinculadas a Prosperidad Común. Es decir: unos 30.000 millones de dólares combinados de dos corporaciones, en un único ciclo político.

Esto no es un adorno: es la descripción de un mecanismo de poder donde "donar" se parece menos a filantropía y más a alineamiento.

El "anclaje" de 2024: el Artículo 1 baja a la gobernanza corporativa

La tesis se vuelve todavía más sólida cuando baja del discurso a la junta directiva. La reforma de la Ley de Sociedades (Company Law) —aprobada en 2023 y en vigor desde el 1 de julio de 2024— establece que debe facilitarse la organización del Partido Comunista de China (PCCh) en la empresa y que la empresa debe proporcionar condiciones para sus actividades.

Además, la misma ley obliga a que, al operar, la empresa "tome plenamente en consideración" los intereses de empleados, consumidores y otros stakeholders (partes interesadas), así como la protección del entorno ecológico y otros intereses públicos, asumiendo responsabilidades sociales.

Resultado: esto no es "espíritu" socialista ni "orientación" blanda; es un marco legal que mete la prioridad política y social dentro de la empresa.

La "pirámide politizada" y la licencia para operar (CSR)

Esta lógica encaja con lo que puede describirse como una "pirámide politizada" de la Responsabilidad Social Corporativa (CSR, Corporate Social Responsibility). En el modelo liberal, la base de la pirámide de CSR es la rentabilidad; en el modelo chino, la base es la legitimidad política ante el Partido-Estado.

En términos prácticos:

  • La CSR no funciona principalmente como "marca", sino como conformidad.
  • La "tercera redistribución" se entiende mejor desde ahí: no es caridad, es una señal de encaje dentro del sistema.
  • Y los 30.000 millones de dólares comprometidos por Alibaba y Tencent son la prueba de que esa conformidad tiene precio —y se paga.

5) Prueba empírica rápida: el "verano de 2021" como disciplina del capital

Si todo lo anterior suena doctrinal, basta con mirar una secuencia de hechos: 2021 mostró sin maquillaje que el capital en China opera bajo "semáforos" políticos.

Tecnología/finanzas (fintech): el mensaje fue que el tamaño y el impacto sistémico no te dan soberanía; te ponen bajo supervisión y reordenación. La cancelación de la salida a bolsa de Ant Group —que habría sido la mayor OPV de la historia— fue el caso paradigmático: el Estado frenó una operación récord porque consideró que el riesgo financiero sistémico pesaba más que la ganancia del capital.

Educación privada (tutorías): el giro regulatorio reconfiguró el sector por razones de coste social y presión sobre familias, priorizando objetivos de orden social por encima de la rentabilidad privada.

Inmobiliario: el discurso de "vivienda para vivir" y el control de excesos financieros reflejó que un sector puede ser "disciplinado" si se considera generador de riesgo social o macroeconómico.

El punto no es que estas medidas "gusten" o "no gusten". El patrón es que se acepta destruir valor privado a corto plazo para asegurar objetivos políticos y sociales, coherente con el Artículo 1 como práctica: el capital existe, pero no tiene la última palabra.


6) Por qué esto encaja con el Artículo 1 (explicado en tres pasos)

A) Nivel 1: el principio. Según CSIS, Prosperidad Común se define como "requisito esencial del socialismo".

B) Nivel 2: la naturaleza política. Según el documento oficial sobre Zhejiang, esto "no solo" es economía: es un asunto político que importa al fundamento de la gobernanza del Partido.

C) Nivel 3: el mecanismo material. Según ASPI, hay un canal de "tercera redistribución" y la dimensión de presión política es parte del fenómeno. Los compromisos de 2021 (~30.000 millones de dólares solo de Alibaba y Tencent) ponen número a esa presión.

Cuando juntas A + B + C, la conclusión sale sola: la riqueza privada existe, pero no es soberana. Opera dentro de un marco de dirección política que puede reorientar el excedente hacia prioridades colectivas.


7) Zhejiang como "zona de demostración" (un caso institucional con números)

Zhejiang funciona como ejemplo de cómo actúa el Estado: no espera a que el mercado corrija desigualdades por sí solo, sino que diseña un piloto para producir resultados replicables.

La propia cobertura institucional recoge que el objetivo es estrechar brechas (urbano-rural, ingresos) y construir mecanismos transferibles.

Indicador Nacional (2025) Zhejiang
Ratio urbano-rural 2,31:1 (frente a 2,56:1 en 2020) Dentro de 1,9:1 ya en 2022

En el plano nacional, un dato oficial comunicado en febrero de 2026 sitúa el ratio urbano-rural en 2,31:1 en 2025, frente a 2,56:1 en 2020. Y, en Zhejiang, se informó de que en 2022 la brecha urbano-rural se había estrechado a una ratio dentro de 1,9 antes de lo previsto, como base para la zona de demostración.


8) Conclusión: la prueba no es si hay ricos, sino quién decide

Muchos análisis occidentales se quedan en la foto: "hay ricos, luego es capitalismo". La prueba real es dinámica: cuando el Estado quiere mover recursos privados en nombre de un objetivo colectivo, ¿puede hacerlo?

Prosperidad Común responde a esa pregunta, porque:

  • se declara requisito del socialismo,
  • se presenta como asunto político de gobernanza,
  • y se articula con mecanismos que, según ASPI, no dependen de "voluntad filantrópica" sino de alineamiento bajo presión política — respaldados por compromisos corporativos del orden de decenas de miles de millones de dólares.

Por eso este tema importa para entender el carácter socialista del modelo chino: no porque "no haya mercado", sino porque el mercado no manda.


9) Horizonte 2026–2030: Prosperidad Común y "nuevas fuerzas productivas"

La tesis gana un último matiz si se mira hacia delante: Prosperidad Común no es solo reparto; también es dirección de la creación de valor.

En el debate sobre el próximo ciclo de planificación, se insiste en que el siguiente plan quinquenal se centre en el desarrollo de "new quality productive forces" (nuevas fuerzas productivas de calidad), impulsadas por avances científico-tecnológicos y transformación industrial.

Traducido: el socialismo chino no se plantea únicamente como redistribuir lo existente, sino como gobernar cómo se produce lo nuevo (por ejemplo, en campos como la Inteligencia Artificial, biotecnología o energía). Esa es la capa final: no solo "repartir mejor", sino producir de otra manera, bajo dirección política.

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