Cuando un resultado electoral rompe el guion, el sistema produce siempre el mismo diagnóstico: el electorado se ha equivocado. Ese gesto no describe una patología popular. Describe una crisis de mando narrativo.
En los últimos años ha emergido en las democracias occidentales un concepto nuevo, más inquietante que el de ciudadano desinformado: el país que vota mal.
Grecia lo vivió durante la crisis de la deuda. Cuando el referéndum de 2015 produjo un "no" rotundo a las condiciones de la troika, la respuesta no fue revisar los términos de la negociación sino acelerar la presión hasta que el resultado quedó sin efecto práctico. El pueblo había votado; el voto no gobernó. Rumanía ofrece un caso aún más explícito: en 2024, el Tribunal Constitucional anuló las elecciones presidenciales tras la primera vuelta, alegando interferencia externa, después de que el candidato no esperado encabezara los resultados. Sea cual sea la valoración del caso concreto, el gesto político fue inequívoco: cuando el proceso electoral produce el resultado equivocado, el proceso puede suspenderse.
Estos no son episodios aislados. Son la versión institucional de algo que ocurre constantemente a escala de electorado: cada vez que un resultado electoral rompe el guion, aparece el mismo diagnóstico de urgencia: la gente ha votado mal.
No suele decirse así, claro. Se disfraza de lenguaje serio: desinformación, polarización, populismo, simplificación, emocionalidad, analfabetismo mediático. Y cuando el resultado afecta a un país entero, aparece un elemento adicional: la intervención externa, generalmente rusa, que convierte el voto incómodo en prueba de manipulación foránea antes que en señal de malestar legítimo. Pero el sentido es el mismo. Si el resultado no coincide con lo esperado por el bloque político-mediático dominante, entonces el problema pasa a ser el electorado, o en su versión ampliada, el país entero.
Ese gesto no describe una patología popular. Describe una crisis de mando narrativo.
La democracia occidental contemporánea no funciona solo contando votos. Funciona, sobre todo, produciendo previamente el terreno simbólico en el que esos votos se vuelven previsibles, clasificables y gobernables. Antes de la urna hay un trabajo masivo de conformación: agenda y marcos interpretativos, prioridades y vocabulario legítimo, emociones permitidas y miedos útiles, consensos presentados como sentido común. Cuando ese dispositivo funciona, se llama "opinión pública". Cuando falla, se llama "voto irracional".
Ese es el punto: la acusación de "votar mal" suele encubrir el fracaso de los aparatos que normalmente organizan el consentimiento. No implica negar la existencia de desinformación o manipulación reales; implica cuestionar el uso selectivo de esas categorías como coartada para evitar la autocrítica sobre fallos de representación, mediación y legitimidad.
1. Habermas y la promesa: la democracia necesita opinión pública
Habermas sigue siendo útil porque obliga a empezar donde duele: la democracia moderna se legitima diciendo que el poder está mediado por una esfera pública en la que la ciudadanía discute asuntos comunes, forma juicio y condiciona las decisiones del Estado, como desarrolla en Historia y crítica de la opinión pública (1962).
Esta idea importa porque establece un estándar. Si la opinión pública cuenta, la democracia puede presentarse como algo más que procedimiento. No es solo votar cada cierto tiempo; es también un espacio de discusión donde, al menos en principio, el argumento puede pesar más que la jerarquía.
Pero la fuerza de Habermas está también en mostrar la fragilidad de ese ideal. La esfera pública puede degradarse sin que se rompa la escenografía democrática. Puede haber elecciones, parlamentos, prensa, debates televisados y sondeos diarios, y aun así faltar lo esencial: un proceso mínimamente creíble de formación de juicio público.
Cuando la discusión se convierte en consumo, la información en espectáculo y la intervención ciudadana en reacción episódica, la opinión pública conserva el nombre, pero pierde densidad política.
Si la opinión pública es fuente de legitimidad, se convierte automáticamente en objetivo de intervención. No solo hay que gobernar instituciones; hay que gobernar las condiciones en que se forma lo que luego se invoca como "voluntad pública".
Pero si la opinión pública puede ser gobernada, la pregunta inmediata es cómo. Ahí entra Lippmann.
2. Lippmann y el giro realista: no se gobierna sobre hechos, sino sobre imágenes
Lippmann es la bisagra decisiva porque introduce la cuestión sin moralismo ni retórica redentora. En Public Opinion (1922), sostiene que la complejidad de las sociedades modernas hace imposible que el ciudadano medio opere directamente sobre la totalidad de los hechos que condicionan su vida política.
La mayor parte de lo que llamamos "realidad pública" llega mediada: en forma de selección, resumen, imagen, estereotipo e interpretación. El ciudadano actúa, por tanto, dentro de un entorno representado, no frente al mundo en bruto. Esa constatación no destruye la democracia; la complica.
Lippmann describe el problema. Bernays lo convierte en profesión.
3. Bernays: la democracia de masas aprende a llamarse relaciones públicas
Bernays convierte ese problema en industria. En Propaganda (1928) y después en "The Engineering of Consent" (1955), normaliza como técnica civil lo que había sido asociado a la guerra o a la coerción: la gestión organizada de percepciones en sociedades de masas.
A partir de ahí, la política moderna deja de tratar la conformación de la opinión como un asunto excepcional. Pasa a tratarla como una función ordinaria del sistema. Gobiernos, empresas, partidos, grupos de interés e instituciones aprenden a operar con la misma lógica: no basta con tener razón, ni siquiera con tener poder; hay que producir consentimiento.
La gobernabilidad exige ingeniería de percepción. No porque la democracia sea una farsa sin más, sino porque una sociedad masiva, fragmentada y acelerada no se estabiliza solo con argumentos públicos abiertos. Se estabiliza también con dispositivos de orientación.
Ese es el momento en que la esfera pública deja de ser solo un lugar de debate y se convierte también en un campo de operaciones. Si la ingeniería del consentimiento es una función ordinaria del sistema, la siguiente pregunta es quién la ejerce y con qué estructura. Es lo que Herman y Chomsky diseccionan.
4. Herman y Chomsky: cuando la fabricación de consenso se vuelve estructura
Herman y Chomsky dan el paso que vuelve incómodo todo el edificio. En Manufacturing Consent (1988), no se limitan a denunciar mentiras puntuales; describen un mecanismo.
El sistema mediático-institucional funciona con filtros que preseleccionan de forma estable lo que aparece como debatible, razonable y legítimo. La concentración de la propiedad, la dependencia de la publicidad, la centralidad de ciertas fuentes institucionales, la penalización de discursos disonantes y los marcos ideológicos dominantes generan un pluralismo de superficie dentro de un perímetro estrecho.
Cuatro autores, cuatro capas del mismo mecanismo. Lo que los cuatro juntos permiten ver es la contradicción que el sistema nunca nombra: que la voluntad popular, fundamento de la democracia, es al mismo tiempo su principal objeto de intervención.
5. La voluntad popular: fachada y mecanismo
La democracia occidental se presenta como el sistema en el que la voluntad popular decide. Esa es su fachada y también su fuente de legitimidad. Pero lo que los autores anteriores revelan, cada uno desde su ángulo, es que esa voluntad nunca opera en el vacío: se forma dentro de un entorno construido, con marcos prefijados, con agendas seleccionadas, con vocabularios que hacen pensables unas opciones e impensables otras.
En condiciones normales, ese mecanismo es invisible. La ciudadanía elige, y lo que elige coincide suficientemente con lo que el sistema necesita que elija. No porque haya una conspiración, sino porque el trabajo de conformación ha funcionado: el relato propagandístico —en el sentido técnico que le da Bernays, no peyorativo— ha producido el consenso necesario para que el resultado sea gobernable.
El problema aparece cuando ese relato falla. Cuando la experiencia vivida contradice el marco ofrecido. Cuando la distancia entre el discurso institucional y la realidad cotidiana se vuelve demasiado grande para ser gestionada con los instrumentos habituales. En ese momento, la voluntad popular sigue operando, pero ya no produce el resultado esperado.
Ahí es donde aparece la acusación de "votar mal". No es un análisis del electorado. Es el síntoma de que el dispositivo de conformación ha fallado. Y en lugar de preguntarse por qué ha fallado —qué representación no se ha ofrecido, qué malestar no se ha procesado, qué promesa se ha incumplido— el sistema señala al receptor: el ciudadano ha sido manipulado, desinformado, o simplemente no está a la altura de la decisión que se le pedía.
La lógica es circular y reveladora: la voluntad popular es soberana cuando confirma el consenso fabricado. Cuando lo rompe, deja de ser soberana y pasa a ser un problema que hay que corregir.
6. "Votar mal" como categoría disciplinaria
Llegados aquí, la expresión "votar mal" se ve de otra manera. Ya no parece una crítica espontánea al electorado. Parece una categoría disciplinaria que sirve para varias cosas al mismo tiempo:
Cuando el pueblo valida el resultado esperado, se celebra la sabiduría democrática; cuando no lo hace, se activa el expediente psiquiátrico-cultural. El elector pasa de soberano a paciente.
Lo que queda al descubierto es otra cosa: la ansiedad de un sistema que descubre que ya no controla como antes la producción de sentido común. Muchas crisis electorales contemporáneas no expresan solo una irrupción irracional de las masas, sino el agotamiento, la fragmentación o la pérdida de credibilidad de los antiguos intermediarios de legitimidad.
Este impulso también ha encontrado formulaciones normativas explícitas en parte de la teoría política contemporánea. Jason Brennan defiende en Against Democracy (2016) modelos de "epistocracia" —gobierno de los más competentes políticamente— que contemplan mecanismos para modular o restringir la influencia electoral según criterios de conocimiento. Su relevancia aquí no está en si esas propuestas son aplicables, sino en que muestran que el diagnóstico del "voto equivocado" puede traducirse en proyectos de tutela o exclusión política con lenguaje académico respetable.
7. Crisis de confianza y fracaso del paternalismo epistémico
Este desplazamiento se vuelve políticamente visible cuando se cruza con la caída de confianza en instituciones y mediadores. Los informes del Reuters Institute for the Study of Journalism vienen mostrando desde hace años un deterioro sostenido de la confianza en los medios en numerosas democracias. El Edelman Trust Barometer registra de forma recurrente altos niveles de desconfianza y percepción de que instituciones públicas y privadas sirven a intereses estrechos antes que al bien común.
Ese contexto importa porque cambia el efecto de las estrategias correctivas. Lo que en otro momento pudo funcionar como autoridad experta hoy se percibe con frecuencia como tutela.
No se trata de negar la necesidad de verificación, contraste o responsabilidad informativa. Se trata de reconocer que la corrección paternal, en un entorno de legitimidad erosionada, puede funcionar como acelerador del descrédito.
8. La erosión del suelo factual común y la crisis de legitimidad
Tensión constitutivaLa contradicción de fondo puede formularse así: la democracia occidental necesita presentar al ciudadano como sujeto autónomo de juicio, pero necesita también gestionar de forma intensa los procesos mediante los cuales ese juicio se forma. Necesita libertad de opinión y, al mismo tiempo, una economía política de la opinión. No es un defecto accidental. Es una tensión constitutiva de la democracia de masas.
Durante décadas esa tensión se administró con relativa eficacia. Medios más centralizados, partidos de masas, marcos ideológicos más compactos y una infraestructura de mediación más controlable permitían mantener un equilibrio funcional. Hoy ese perímetro se rompe: las plataformas fragmentan, los monopolios narrativos se erosionan, la experiencia social choca con el discurso institucional y la producción de consenso se vuelve más costosa, más visible y menos eficaz.
La consecuencia no es solo una crisis de representación en sentido estrecho. Es una crisis de producción de legitimidad. Y esa crisis se agrava cuando se erosiona el suelo factual común: no porque desaparezca toda realidad compartida, sino porque se debilita la autoridad de los procedimientos, mediadores e instituciones que antes fijaban qué contaba públicamente como hecho en los asuntos más politizados.
Pero aquí se rompe algo más que un consenso temático. Se deteriora una forma de interdependencia epistémica: la disposición a reconocer al otro como interlocutor capaz de juicio, aunque discrepe. Cuando una parte creciente del espacio público percibe al adversario solo como víctima de manipulación, fanático o incapaz estructural de razonar políticamente, la ley pierde una de sus bases morales más básicas: la presunción de que obliga a ciudadanos que, pese al conflicto, comparten un mundo común suficiente para discutir su validez.
En ese punto, hablar de "votar mal" ya no es un análisis. Es la confesión involuntaria de una élite que ha dejado de saber producir consenso sin mostrar demasiado la maquinaria.
Comentarios
Publicar un comentario