El ciclo del bulo no termina cuando entra en los juzgados. Encuentra ahí su forma más eficaz: la sospecha deja de circular como rumor y empieza a circular como auto, diligencia, sumario o filtración judicial. Ya no necesita demostrar. Le basta con existir.
En Arqueología del ciclo del bulo formulé un mecanismo central de la política contemporánea: el bulo ya no opera como una mentira aislada, sino como una tecnología de producción de sospecha. No busca solo engañar sobre un hecho concreto. Busca instalar un clima.
Primero se fabrica una sospecha. Después se amplifica mediáticamente. Luego se incorpora a la conversación pública. Más tarde es asumida por actores políticos. Finalmente, aunque sea desmentida, archivada o demostrada falsa, deja un residuo duradero: la sospecha permanece.
Este artículo aborda la fase superior de ese mecanismo. El ciclo del bulo no termina cuando entra en los juzgados. Al contrario: muchas veces encuentra ahí su forma más eficaz. La judicialización no interrumpe el ciclo del bulo. Lo institucionaliza.
Ese es el punto decisivo. Cuando una acusación nace como rumor, como filtración interesada, como dossier policial, como titular de digital o como insinuación parlamentaria, todavía conserva la apariencia de material sucio. Pero cuando ese mismo material entra en un procedimiento judicial, cambia de envoltorio. Ya no circula como bulo. Circula como auto, diligencia, sumario, informe, pieza separada, citación, imputación o filtración judicial. El contenido puede seguir siendo débil, inconsistente o directamente falso. Pero su forma ha cambiado. Y en política la forma importa tanto como el contenido.
El bulo judicializado ya no necesita demostrar. Le basta con existir.
I. La nueva vida judicial del bulo
El mecanismo es relativamente sencillo. Primero aparece una sospecha. Después alguien la convierte en denuncia. Luego un juzgado la admite, aunque sea de forma preliminar. A partir de ese momento, el sistema político-mediático ya no habla de una acusación, sino de una "investigación judicial". El salto es enorme. La sospecha inicial vuelve al espacio público recubierta de autoridad institucional.
La secuencia de transmisión
En España, además, este circuito cuenta con un mecanismo jurídico especialmente relevante: la acción popular. Reconocida en el artículo 125 de la Constitución, permite que ciudadanos, asociaciones o partidos políticos participen en la Administración de Justicia aunque no sean los perjudicados directos por el delito investigado. En teoría, esta figura cumple una función democrática: permite perseguir delitos de interés público incluso cuando las instituciones ordinarias no actúan. Pero en la práctica también puede convertirse en una palanca de instrumentalización política del proceso penal.
Ahí está una de las particularidades españolas del ciclo judicializado del bulo. Aunque el Ministerio Fiscal pida el archivo, aunque no vea indicios suficientes o aunque la causa se sostenga sobre materiales débiles, una acusación popular puede seguir empujando el procedimiento, solicitando diligencias, recurriendo decisiones y manteniendo viva la causa. Así, el circuito no necesita que la Fiscalía sostenga la acusación. Le basta con que un actor político, ideológico o asociativo tenga incentivos para prolongar el proceso.
En ese circuito, la verdad judicial llega tarde. Si llega. El archivo llega tarde. La absolución llega tarde. La ausencia de pruebas llega tarde. Porque el objetivo político no era necesariamente obtener una condena penal. Era producir una condena pública.
La fase judicializada del bulo tiene una ventaja sobre la mentira desnuda: parece más seria. El rumor puede ser desmentido. La portada puede ser discutida. La tertulia puede ser impugnada. Pero una causa judicial abierta genera una suspensión de la duda que trabaja contra el investigado. La pregunta deja de ser "¿es verdad?" y pasa a ser "si lo investiga un juez, por algo será".
Ese desplazamiento es decisivo. La justicia trabaja con tiempos largos, garantías, diligencias, recursos, archivos y sentencias. La política mediática trabaja con tiempos inmediatos. La primera necesita prueba. La segunda necesita impacto. Cuando ambas temporalidades se cruzan, el procedimiento puede convertirse en castigo anticipado.
II. El proceso como pena
El lawfare no debe entenderse solo como una sentencia injusta. Esa es una versión demasiado estrecha del problema. A veces ni siquiera necesita sentencia. Su eficacia está en el trayecto, no en la meta. Está en mantener al adversario dentro de una nube tóxica permanente. Está en obligarlo a defenderse de todo, todo el tiempo, en todos los frentes. Está en convertir la acción política en gestión de la sospecha.
Por eso el proceso puede funcionar como pena. No porque toda instrucción judicial sea ilegítima. No porque todo juez actúe políticamente. No porque toda causa contra un dirigente público sea una operación de Estado. Esa caricatura no sirve. El problema es más fino: determinados procedimientos, denuncias, acusaciones populares, filtraciones y titulares pueden producir efectos políticos antes de que exista verdad judicial firme.
La acción popular, cuando se usa de forma instrumental, no crea por sí sola el ciclo de la sospecha, pero puede darle duración procesal. Puede convertir una acusación débil en una causa persistente. Puede mantener abierto el escenario judicial el tiempo suficiente para que la condena social haga su trabajo.
El problema no es que se investigue. El problema es que investigar pase a significar condenar. El problema no es la justicia. El problema es la conversión del procedimiento judicial en tecnología de sospecha permanente.
III. La función política de la filtración
En esta arquitectura, la filtración cumple un papel central. Permite que lo que todavía no puede afirmarse judicialmente sea afirmado mediáticamente. Permite seleccionar fragmentos, aislar frases, ocultar contexto, anticipar interpretaciones y condicionar la opinión pública antes de que el procedimiento avance.
Y cuando el clima ya está producido, el político aparece para recogerlo. "No lo digo yo, lo dice la prensa". "No lo digo yo, lo investiga un juez". "No lo digo yo, aparece en un sumario". Así se cierra el círculo perfecto: una sospecha fabricada fuera del juzgado entra en el juzgado, vuelve al periódico, pasa a la tertulia y termina en el Parlamento como acusación política.
El bulo ha cambiado de ropa. Pero sigue siendo el mismo cadáver cuando su función ya no es esclarecer nada, sino impedir que la verdad llegue a tiempo.
IV. Lawfare: una palabra incómoda para un problema real
La palabra lawfare genera rechazo, y no conviene ignorarlo. En noviembre de 2023, el Consejo General del Poder Judicial rechazó las referencias al lawfare incluidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya. La Comisión Permanente del CGPJ sostuvo que esas referencias podían implicar una injerencia en la independencia judicial y un ataque a la separación de poderes. Asociaciones de jueces y fiscales de distintas sensibilidades se sumaron al rechazo.
Ese rechazo institucional debe tomarse en serio. Ningún Parlamento debería convertirse en tribunal revisor de resoluciones judiciales concretas. Ningún Gobierno debería decidir qué causas son legítimas y cuáles no. Ningún poder político debería situarse por encima de la ley penal.
Pero reconocer eso no obliga a negar el problema. Que el término lawfare incomode a la judicatura no significa que el fenómeno no exista. Significa que toca una frontera sensible: la que separa la independencia judicial del uso político de denuncias, acusaciones populares, filtraciones, tiempos procesales y titulares.
El error sería convertir el lawfare en una acusación genérica contra los jueces. Pero el error contrario sería negar que el procedimiento judicial puede ser utilizado por actores políticos y mediáticos para producir efectos que van mucho más allá de la búsqueda de verdad penal. El lawfare, en su sentido políticamente útil, no describe a jueces conspirando contra la izquierda. Describe un ecosistema: denuncias estratégicas, acusaciones populares, filtraciones selectivas, instrucciones prolongadas, portadas sincronizadas, tertulias condenatorias y uso parlamentario de causas abiertas.
No todos los actores tienen que obedecer a un mando único. Basta con que sus incentivos converjan.
V. El golpe blando no necesita tanques
Por eso conviene hablar de golpe blando con cuidado, pero sin ingenuidad. Un golpe blando no es necesariamente una conspiración perfecta, con un mando único, una sala oscura y todos los actores coordinados. Esa imagen es infantil y además facilita la caricatura. El golpe blando moderno funciona de otra manera. Opera por acumulación.
El golpe blando empieza cuando una parte del poder consigue instalar la idea de que un gobierno elegido ya no debe gobernar. No porque haya perdido una votación de investidura. No porque haya perdido una moción de confianza. No porque haya sido condenado por los tribunales. Sino porque se ha conseguido fabricar una atmósfera en la que su mera continuidad parece intolerable.
Ese es el objetivo: producir inevitabilidad. La clave está en convertir una legislatura difícil en una legislatura ilegítima. Una cosa es que un gobierno sea débil, impopular, contradictorio o dependiente de alianzas frágiles. Otra muy distinta es construir la idea de que su existencia misma es una agresión.
VI. La democracia también se rompe por desgaste
La imagen clásica del golpe de Estado nos impide ver muchas formas contemporáneas de desestabilización. Esperamos tanques, uniformes, bandos militares, suspensión explícita de derechos. Pero las democracias actuales rara vez se rompen así en Europa occidental. Se erosionan por dentro. Se desgastan. Se intoxican. Se saturan de sospecha. Se convierten en sistemas formalmente intactos pero materialmente enfermos.
La democracia no muere solo cuando se cancela una elección. También se degrada cuando una parte del sistema se niega a aceptar la legitimidad del adversario. Cuando todo gobierno que no sea el propio es tratado como ocupación. Cuando los jueces sustituyen al debate político. Cuando los medios convierten la sospecha en condena anticipada. Cuando la oposición parlamentaria deja de controlar al Gobierno y empieza a actuar como acusación permanente de una causa general.
El problema de fondo no es ningún gobierno concreto. El problema es el método. Y el método, una vez normalizado, no se detiene en un adversario concreto. Hoy sirve contra unos. Mañana contra otros. Pasado mañana contra cualquiera que altere los equilibrios del poder realmente existente.
El bulo ya no necesita ser falso del todo
La fase actual de la política española muestra que el ciclo del bulo ha madurado. Ya no necesita presentarse siempre como griterío digital o como intoxicación de cloaca. Ahora puede adoptar formas institucionales. Puede hablar el lenguaje del procedimiento. Puede aparecer en un sumario. Puede circular como filtración judicial. Puede convertirse en pregunta parlamentaria. Puede instalarse como verdad provisional durante años.
Ese es su peligro.
Y en esa operación cabe casi todo: la destrucción reputacional, el desgaste institucional, la presión sobre un gobierno legítimo y la fabricación de un clima donde la continuidad del Ejecutivo empieza a parecer una anomalía.
El golpe blando no empieza cuando cae un gobierno. Empieza antes. Empieza cuando se consigue que gobernar parezca ilegítimo, que resistir parezca corrupción y que esperar pruebas parezca complicidad.
Eso es lo que revela la actualidad española. No que el bulo haya desaparecido al entrar en los juzgados. Justamente lo contrario: que ha encontrado allí una segunda vida. Una vida más lenta, más técnica, más solemne y, precisamente por eso, más peligrosa.
Nota: artículo de opinión. Continúa la reflexión iniciada en Arqueología del ciclo del bulo sobre las formas contemporáneas de producción de sospecha en la política española.
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