El debate sobre el lawfare desnuda la trampa de la polarización

Análisis · Medios y poder · Opinión

Ernesto Ekaizer lleva meses lanzando en Malas Lenguas el argumento más demoledor disponible contra la judicialización política. Nadie lo recoge. Ni siquiera su propio bando. Ese silencio no es un accidente: demuestra que la polarización que domina el debate español no es un exceso ni un fallo del sistema. Es su función. Un debate tramposo, contenido por los dos lados, diseñado para mantener a la ciudadanía ocupada y con la mirada alejada de lo que importa.

En un vistazo

→ El detonante: Ekaizer aparece en Malas Lenguas, programa progubernamental y crítico con el lawfare judicial, y deja caer su argumento más sólido: los jueces no instruyen realmente, trasladan los informes policiales. Nadie lo desarrolla. El programa sigue.

→ La tesis: Ese silencio no es casual ni individual. Revela que el debate sobre la justicia española, aunque feroz, está perfectamente enmarcado: sirve para polarizar, no para entender. Ambos bloques saben implícitamente lo que pueden y no pueden utilizar.

→ Por qué es inutilizable: El argumento de Ekaizer no apunta a un juez concreto ni a un partido. Apunta al mecanismo: si la policía construye el relato y el juez lo homologa, no hay Estado de derecho sino Estado policial con cobertura judicial. Esa conclusión no favorece a ningún bando. Incomoda a todos.

→ El mecanismo: Chomsky describió este sistema hace décadas: no hace falta prohibir ideas. Basta con crear un formato en que las preguntas estructurales resulten inutilizables. La polarización no es un fallo del debate español. Es su función: mantener a la ciudadanía ocupada, emocionalmente capturada, eligiendo bando, sin mirar el engranaje.

→ La conclusión: El silencio alrededor del argumento de Ekaizer es información. Nos dice dónde está el límite real del debate permitido: no donde lo pone la censura, sino donde lo pone la trampa.

El argumento que nadie recoge

Ernesto Ekaizer lleva meses apareciendo en Malas Lenguas, un programa progubernamental que denuncia lo que considera una ofensiva judicial de la derecha para derribar al ejecutivo de Pedro Sánchez. Es, en principio, el espacio más receptivo posible para el argumento más demoledor disponible contra esa ofensiva. Y sin embargo, cada vez que Ekaizer deja caer su tesis más sólida, algo extraño ocurre: nadie la recoge. El moderador deriva. Alguien menciona una declaración explosiva, una contradicción, un dato nuevo. El ritmo del programa sigue. Y el argumento de Ekaizer queda flotando, sin que nadie lo desarrolle.

Eso merece una explicación. Y la explicación dice algo importante, no solo sobre el programa, sino sobre la naturaleza del debate político español.

El argumento de Ekaizer es este: en causas complejas, los jueces españoles no instruyen realmente. Reciben informes de la UCO o la UDEF con una arquitectura narrativa ya construida, hechos seleccionados, hipótesis delictivas sugeridas, conexiones trazadas, y los trasladan casi literalmente a sus autos. No controlan críticamente la investigación policial. La homologan. Dimiten, en la práctica, de su función garantista.

→ Si esto es cierto, un juez que valida en lugar de controlar no es un juez en sentido constitucional. Es una firma.

→ Un Estado donde la policía construye el relato y el juez lo certifica no es un Estado de derecho con excesos. Es un Estado policial con cobertura judicial.

→ Eso es lo que Ekaizer insinúa. Y es precisamente su gravedad lo que lo hace inutilizable.

Un debate con red

El debate político español sobre la justicia tiene dos polos fijos y complementarios. En un lado: el Gobierno legítimo de izquierdas acosado por una judicatura de derechas que hace lawfare para derribarlo. En el otro: un Gobierno corrupto que ataca a los jueces para tapar sus escándalos. Dentro de esos dos relatos cabe casi todo. Caben las filtraciones interesadas, los autos dictados con prisa, los magistrados con agenda política, las causas construidas sobre indicios endebles, los ministros procesados y los fiscales sospechosos.

El enfrentamiento es feroz. La indignación parece genuina. Hay tertulias, portadas, cortes virales, gritos y contragritos. Pero es un debate con red.

Ambos bloques saben, implícitamente, hasta dónde pueden llegar. El límite no está escrito en ningún sitio. No hace falta que lo esté. Está en la lógica misma del formato: solo es utilizable lo que apunta al adversario. Solo sirve lo que permite al propio bando reafirmarse. El enfrentamiento tiene que ser intenso, pero tiene que mantenerse dentro del ring.

El argumento de Ekaizer sale del ring. No apunta a un juez concreto ni a una causa determinada. Apunta al mecanismo. Y el mecanismo no tiene bando.

Si los jueces trasladan mecánicamente los informes policiales, el problema no distingue entre una causa contra un ministro del PSOE y una causa contra un dirigente del PP. Afecta a cualquier investigado, sea del partido que sea. Su conclusión lógica no es que hay que cambiar a los jueces conservadores por jueces progresistas. Es que hay que preguntarse qué tipo de Estado estamos construyendo cuando la verdad penal la fabrica la policía y el juez la certifica.

Esa pregunta no favorece a ningún bando. Incomoda a todos. Y lo que incomoda a todos no tiene sitio en ninguna escaleta.

La función de la polarización

Noam Chomsky describió hace décadas el mecanismo más eficaz de control ideológico en sociedades formalmente libres: no hace falta prohibir opiniones. Basta con delimitar el marco de lo discutible. Dentro de ese marco puede haber debate intenso, incluso aparentemente radical. La sensación de pluralismo queda intacta. Pero las preguntas que cuestionan la estructura misma no llegan a formularse, no porque estén prohibidas, sino porque el propio formato las hace inutilizables.

El caso Ekaizer es una demostración práctica de ese mecanismo. Lo más revelador no es que la derecha ignore su argumento. Es que lo ignora su propio entorno natural. Un programa con todos los incentivos políticos para usar el argumento más devastador contra la judicialización, que cuenta además con uno de los periodistas judiciales más rigurosos del país, lo deja pasar una y otra vez. No por censura. Sino porque desarrollarlo obligaría a abandonar el ring de la polarización y entrar en un territorio donde ya no hay buenos ni malos, solo un Estado cuyo funcionamiento real conviene no examinar demasiado.

→ La polarización, vista así, no es un problema del debate español. Es su solución.

→ Mantiene a la ciudadanía ocupada, emocionalmente capturada, eligiendo bando y reafirmando identidad.

→ Crea la ilusión de un debate vigoroso y libre mientras garantiza que las preguntas verdaderamente incómodas no lleguen a formularse.

→ Los dos bloques se necesitan mutuamente. Se alimentan el uno al otro. Y los dos, cada uno a su manera, se benefician de que nadie pregunte por el mecanismo.

El límite no lo pone la censura. Lo pone la trampa.

El silencio alrededor del argumento de Ekaizer no es un accidente. Es información.

Nos dice que el debate aparentemente feroz sobre la justicia española tiene un suelo firme sobre el que nadie pisa: la pregunta por cómo se fabrica realmente la verdad penal, quién redacta el primer relato, quién selecciona los hechos, quién convierte una hipótesis policial en verdad procesal y esa verdad procesal en sentido común. Esa pregunta afecta a la estructura del Estado, no a uno de sus bandos. Y por eso los dos bandos, sin ponerse de acuerdo, la esquivan.

La polarización moviliza. Eso es precisamente lo que la hace útil y lo que la hace tramposa. Moviliza la emoción, la identidad, la indignación. Pero moviliza hacia el enfrentamiento entre bloques, no hacia las preguntas que podrían cambiar algo. El ejemplo de Ekaizer lo muestra con claridad: cuando aparece un argumento que podría movilizar en la dirección importante, en la dirección estructural, el formato lo neutraliza. No con censura. Con indiferencia. Con el siguiente titular.

Ahí está el límite real del debate permitido. No donde lo pone la censura. Donde lo pone la trampa.

No temen que critiques a los jueces. Temen que preguntes quién escribe, en la práctica, la historia que los jueces firman.