Cuando se critica al poder judicial, la respuesta institucional abandona los hechos y se refugia en la teoría: los jueces son independientes, el poder judicial está separado del ejecutivo, cualquier crítica es un ataque al Estado de derecho. Pero la intervención del poder judicial en la política no es una hipótesis. Es un hecho documentado con una bibliografía ya extensa y difícilmente rebatible.
Cuando se critica al poder judicial, ocurre siempre lo mismo. La respuesta institucional abandona el terreno de los hechos y se refugia en la teoría: los jueces son independientes, el poder judicial está separado del ejecutivo, cualquier crítica es un ataque al Estado de derecho. Como si analizar críticamente el papel de los jueces equivaliera automáticamente a pedir que los tribunales obedezcan al Gobierno de turno. Como si la evidencia empírica acumulada durante siglos pudiera neutralizarse con un principio constitucional.
Pero la intervención del poder judicial en la política no es una hipótesis. Es un hecho documentado con una bibliografía ya extensa y difícilmente rebatible.
La evidencia histórica
Franz Neumann lo analizó con precisión quirúrgica en Behemoth (1942), su estudio sobre el nacionalsocialismo y la destrucción del Estado de derecho en Alemania. Lo que Neumann mostró no era que los jueces nazis fueran corruptos en el sentido vulgar del término. Era algo más perturbador: que el derecho mismo, y su interpretación, se convirtió en el instrumento técnico a través del cual se desmanteló la República de Weimar desde dentro. Los tribunales alemanes no fueron víctimas del nazismo. Fueron, en buena medida, sus cómplices activos.
El caso alemán no es una anomalía histórica. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo bloqueó sistemáticamente durante años la legislación del New Deal de Roosevelt, declarando inconstitucionales una tras otra las reformas económicas aprobadas por el Congreso. No fue hasta 1937, bajo una presión política extraordinaria, cuando el tribunal giró. Lo que se había presentado como interpretación constitucional era, en realidad, la defensa de un determinado orden económico frente a la voluntad democrática expresada en las urnas.
En América Latina, la judicialización de la política ha sido documentada con suficiente detalle como para que el término lawfare haya dejado de ser una acusación para convertirse en una categoría analítica. El procesamiento de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, con la posterior revelación de la coordinación entre el juez Sergio Moro y la fiscalía, es el caso más conocido. Pero no es el único. Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia: en todos estos casos, el instrumento judicial fue utilizado con efectos políticos directos y documentables. El politólogo canadiense Ran Hirschl acuñó el concepto de juristocracia para describir el proceso mediante el cual las élites políticas y económicas transfieren poder a los tribunales precisamente cuando temen perderlo en las urnas.
Y en España, la historia más cercana desmiente con particular contundencia el mito de la neutralidad judicial. Rubén Pérez Trujillano ha cubierto en dos obras publicadas en 2024 una laguna historiográfica llamativa. En Jueces contra la República (Dykinson, 2024) documenta la resistencia activa de la judicatura a las reformas republicanas: el laicismo, la autonomía regional, la reforma agraria. En Ruido de Togas (Tirant lo Blanch, 2024), su tesis doctoral de 722 páginas, analiza la otra cara del mismo fenómeno: el trato sistemáticamente desigual que la magistratura dispensó a izquierda y derecha durante el periodo 1931-1936, la persecución del movimiento obrero y la exención casi rutinaria de responsabilidad a los sectores de la derecha y al terrorismo fascista, a menudo bajo el principio de legítima defensa.
Lo que Pérez Trujillano documenta no es la opinión de algunos jueces conservadores. Es un patrón institucional verificable en la jurisprudencia de los altos tribunales y en la maraña de decisiones judiciales que fue modelando el ordenamiento de derechos y libertades a lo largo de toda la República.
La pregunta que surge de toda esta evidencia no es si el poder judicial ha intervenido históricamente en la política. Eso ya está establecido. La pregunta es cómo lo ha hecho. Y la respuesta, en todos los casos, pasa por el mismo mecanismo: la interpretación de la ley.
La interpretación como mecanismo
El viejo mito ilustrado del juez como "boca de la ley" sigue siendo operativo aunque nadie lo defienda ya abiertamente. Según esa ficción, el juez no decide: traduce. No introduce valores: aplica normas. No elige entre interpretaciones posibles: deduce la solución correcta a partir del texto legal.
Pero el derecho no funciona así, y la teoría jurídica lleva décadas diciéndolo. H.L.A. Hart habló de la "textura abierta" del lenguaje jurídico: las normas, formuladas en lenguaje natural, siempre dejan zonas de penumbra donde la aplicación mecánica es imposible. Ronald Dworkin mostró que los casos difíciles no se resuelven por subsunción automática sino por ponderación de principios. Robert Alexy demostró que la argumentación jurídica no es un ejercicio lógico sino una práctica de justificación racional que descansa, en última instancia, sobre premisas valorativas.
El sesgo que no necesita conspiración
Para entender por qué la interpretación tiende en una dirección reconocible no hace falta imaginar una conspiración. Basta mirar cómo se forma la judicatura.
Preparar la oposición judicial exige, según los datos de la Escuela Judicial, una media de cinco años de dedicación exclusiva. El 99,42% de quienes la aprueban declara haber dependido económicamente de su familia durante ese periodo. El coste mensual de un preparador privado ronda los 290 euros, sin contar temarios ni actualizaciones. El 60% de los nuevos jueces ingresa a la carrera sin haber trabajado nunca antes.
El sistema no excluye diciendo "prohibido entrar a los pobres". Excluye de una forma más limpia: exige una resistencia económica que no todas las familias pueden permitirse. Pero el filtro no termina ahí. Cuatro de cada cinco jueces que preparan a los nuevos opositores lo hacen en circuitos privados. Los jueces en activo seleccionan y forman a sus sucesores. Eso no es solo un sesgo de clase pasivo: es una cadena activa de transmisión cultural e ideológica.
El resultado es una institución cuyos miembros no suelen mirar el mundo desde la fragilidad del inquilino amenazado por un desahucio, del trabajador sometido a un abuso empresarial, del manifestante tratado como problema de orden público. Esa distancia importa porque la interpretación no se hace en el vacío. Se interpreta desde una precomprensión. Antes de aplicar una norma, el juez ya dispone de una imagen del mundo: qué considera normal, qué le parece peligroso, qué le resulta creíble.
La psicología cognitiva añade otra capa. Kahneman y Tversky demostraron que los seres humanos decidimos bajo atajos mentales y sesgos sistemáticos, especialmente en contextos de incertidumbre o saturación de información. El sesgo de confirmación lleva a interpretar la evidencia a favor de la hipótesis inicial. El sesgo de credibilidad institucional lleva a otorgar peso casi automático al relato de la autoridad frente al del ciudadano vulnerable. Los jueces no son una excepción antropológica.
Estos sesgos se vuelven políticamente relevantes cuando coinciden sistemáticamente en la misma dirección: propiedad frente a vulnerabilidad, orden frente a protesta, autoridad frente a disidencia.
La dirección de la interpretación
Los casos concretos lo muestran con claridad.
En los tres casos la fórmula fue la misma: "es la ley". Pero muchas veces no estamos solo ante la ley. Estamos ante una interpretación de la ley. Y esa interpretación tiene mundo detrás.
No nacimos ayer
Recapitulemos. Los tribunales alemanes interpretaron el derecho en la dirección que el nazismo necesitaba. El Tribunal Supremo americano interpretó la Constitución para blindar un orden económico frente a la voluntad democrática. La judicatura española de la Segunda República persiguió al movimiento obrero y absolvió al terrorismo fascista invocando la legítima defensa. Durante décadas, los jueces españoles interpretaron el contrato hipotecario para proteger al acreedor, el Código Penal para disciplinar la huelga y la ley de libertad sexual para rebajar las condenas a los agresores. Esto no es una serie de errores aislados. Es un patrón. Y los patrones tienen una dirección.
Esa dirección es la que hace inteligible lo que está ocurriendo ahora mismo. El juez García-Castellón instruyó el caso Tsunami durante años, dilatando la causa contra independentistas catalanes hasta el límite de lo procesalmente sostenible. El caso del novio de Ayuso, con indicios documentados de fraude fiscal, avanza a una velocidad notablemente inferior. El caso Aldama, con implicaciones que alcanzan al Partido Popular, encuentra resistencias que los casos contra la izquierda no suelen encontrar. A esto se le llama doble velocidad. Rápido para unos, lento para otros. Y la línea que separa unos de otros no es aleatoria.
Cuando se señala este patrón, la respuesta institucional es siempre la misma: se está atacando la independencia judicial, se está erosionando la separación de poderes, se está haciendo el juego al autoritarismo. Es el cierre que ya conocemos. La teoría contra los hechos.
Pero los hechos están ahí. Documentados, verificables, acumulados durante décadas y siglos. El poder judicial ha ejercido históricamente una función política. El instrumento ha sido siempre el mismo: la interpretación de la ley. Y la interpretación, como hemos visto, no es neutra. Tiene clase, tiene cultura corporativa, tiene una precomprensión del orden social. Tiene, en definitiva, una dirección.
Que nos expliquen la independencia judicial todo lo que quieran. No nacimos ayer.
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