El mito del poder judicial neutral: de Weimar al lawfare latinoamericano

El concepto de lawfare —fusión de law (derecho) y warfare (guerra)— se ha vuelto recurrente en el debate político contemporáneo. Se refiere al uso estratégico del derecho y de los tribunales como armas de combate político, sustituyendo el espacio de la confrontación democrática por el del proceso judicial. Lo que en teoría debía ser un instrumento neutral de garantía de derechos se transforma en un mecanismo de persecución, desgaste o anulación de adversarios.

La paradoja es clara: según Montesquieu, el poder judicial debía ser el gran contrapoder, un freno frente a las derivas autoritarias del ejecutivo o las mayorías legislativas. Pero la historia reciente y remota muestran algo distinto: la judicatura ha tendido a ser conservadora, aliada del orden establecido, rara vez del lado de quienes intentan transformarlo. Esta contradicción atraviesa el fenómeno contemporáneo del lawfare.

1. Montesquieu y el ideal ilustrado

En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu formuló la célebre doctrina de la separación de poderes. La libertad política solo podía sostenerse si el poder detenía al poder. Frente al ejecutivo y el legislativo, el judicial debía aparecer como árbitro neutral, protector del ciudadano frente a abusos. En la teoría, los jueces no eran más que "la boca que pronuncia las palabras de la ley".

Este ideal ilustrado elevaba al poder judicial como garante de la libertad, un contrapeso imprescindible contra la tiranía. En las constituciones modernas, la independencia judicial se erigió como piedra angular de la democracia.

2. La realidad histórica: la judicatura como guardiana del orden

Sin embargo, la práctica ha sido distinta. En la mayoría de sociedades occidentales, la judicatura ha estado conformada por miembros de élites sociales, económicas y culturales. Su perfil sociológico ha condicionado sus fallos: en lugar de erigirse en motor de cambio, la justicia ha tendido a preservar el orden existente.

Autores como Bourdieu, Althusser o Foucault mostraron cómo el derecho funciona como aparato de legitimación. Más que limitar al poder, lo reproduce. Esta tendencia se verifica en múltiples momentos históricos: la lentitud judicial para reconocer derechos laborales y sindicales, la resistencia frente a demandas feministas, o la criminalización de movimientos sociales. El tribunal llega casi siempre tarde, y rara vez de la mano de los más vulnerables.

3. Movimientos sociales frente a la justicia

El contraste es evidente si se repasan algunos hitos del siglo XX:

• En Estados Unidos, los tribunales se resistieron durante décadas a desmontar la segregación racial. Solo la presión del movimiento por los derechos civiles logró torcer la jurisprudencia.

• En Europa, los avances en igualdad de género llegaron tras luchas políticas y sociales, no por iniciativa judicial.

• En América Latina, la criminalización de movimientos campesinos, indígenas o sindicales ha contado con apoyo explícito de tribunales y fiscalías.

En todos estos casos, la justicia no actuó como punta de lanza de la democratización, sino como freno que solo cedió ante movilizaciones sostenidas.

4. Caso histórico: la judicatura en el nazismo

El ejemplo más extremo lo ofrece el nazismo. Durante la República de Weimar, la judicatura alemana mostró un sesgo claro: indulgencia con crímenes de ultraderecha y severidad con los militantes obreros o comunistas. Ese conservadurismo abrió el camino a la complicidad con el Tercer Reich.

Franz Neumann, en Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism (1942), describió al nazismo no como un Estado total hobbesiano, sino como un Behemoth: un caos organizado donde partido, ejército, burocracia y élites económicas competían y colaboraban. En ese marco, la judicatura no desapareció, sino que se adaptó y legitimó la barbarie.

Las leyes raciales de Núremberg, los tribunales especiales contra opositores y las sentencias que avalaban la persecución muestran cómo el derecho funcionó como apariencia legal de un régimen criminal. Los jueces alemanes no fueron víctimas, sino cómplices activos. La lección histórica es clara: la independencia judicial entendida solo como autonomía formal no garantiza la defensa de derechos. Sin cultura crítica, la judicatura puede volverse un instrumento dócil de proyectos autoritarios.

5. El lawfare contemporáneo

En el presente, el término lawfare se ha popularizado especialmente en América Latina. Casos como los de Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina o Rafael Correa en Ecuador ilustran cómo procesos judiciales, aún sin condena definitiva, funcionan como mecanismos de desgaste político. La mediatización amplifica la acusación y convierte la sospecha en sentencia social.

Estos procesos se apoyan en tres rasgos:

1. Judicialización de la política: los tribunales sustituyen al voto como espacio de resolución de disputas.

2. Alianza con los medios: la cobertura construye la narrativa de culpabilidad antes del juicio.

3. Asimetría estructural: las investigaciones recaen con frecuencia sobre líderes opositores, rara vez sobre quienes detentan el poder hegemónico.

Así, el lawfare no es una anomalía, sino la radicalización de una tendencia histórica: la justicia como garante del orden establecido.

6. La judicatura como clase: una mirada sociológica

Diversos estudios sociológicos han mostrado que la judicatura, lejos de ser un cuerpo neutral, constituye una clase profesional con rasgos propios, estrechamente vinculada a sectores privilegiados de la sociedad.

• Origen social: la mayoría de jueces provienen históricamente de clases medias-altas, con trayectorias educativas y culturales homogéneas. Esto influye en su cosmovisión y en la tendencia a proteger el statu quo.

• Capital simbólico: como señaló Bourdieu, el poder judicial ejerce una forma de dominación simbólica: impone interpretaciones legítimas de la realidad social bajo la apariencia de neutralidad técnica.

• Reproducción de élites: el acceso a la carrera judicial, aunque formalmente abierto, se ve condicionado por factores como redes familiares, capital cultural y recursos económicos para superar oposiciones exigentes.

• Orientación conservadora: estudios empíricos en Europa y América Latina muestran que las sentencias judiciales tienden a alinearse más con intereses empresariales, de orden público o de seguridad nacional que con demandas de minorías o movimientos sociales.

• Autonomía relativa: aunque el poder judicial es formalmente independiente, su integración en el aparato estatal y sus vínculos con élites económicas y políticas limitan su capacidad de actuar como verdadero contrapoder.

Desde esta perspectiva, el lawfare no aparece como un desvío puntual, sino como expresión de una lógica más profunda: la judicatura, en tanto clase, defiende posiciones conservadoras y se convierte en vehículo privilegiado de estrategias de dominación política.

Conclusión

La historia del poder judicial en Occidente muestra una contradicción persistente: mientras la teoría ilustrada lo concibe como contrapeso, en la práctica ha funcionado como guardián del orden. El caso del nazismo, analizado por Neumann, revela hasta qué punto la judicatura puede ser cómplice activa de la barbarie. Los ejemplos contemporáneos de lawfare en América Latina actualizan esa sospecha: la justicia, lejos de neutralidad, se convierte en campo de batalla.

La pregunta queda abierta: ¿puede el poder judicial transformarse en verdadero contrapoder democrático, o está estructuralmente condenado a reproducir las hegemonías sociales existentes? Repensar esta tensión es imprescindible si queremos rescatar la promesa de Montesquieu y evitar que el derecho, de instrumento de libertad, siga degradándose en arma de guerra política.