Aspero mundo

Crítica técnica a la sentencia del caso FGE Anatomía de una condena en única instancia basada en una más que dudosa sentencia construida sobre inferencias Una sentencia que condena al Fiscal General del Estado sin poder identificar quién filtró exactamente, cómo lo hizo ni cuándo, utilizando una fórmula tan amplia que permite cerrar el círculo sin cerrar la prueba. Un tribunal dividido, un voto particular demoledor, y una arquitectura probatoria que se sostiene sobre indicios ambiguos y alternativas sin descartar. Este es el análisis de una condena que, más allá de ideologías, plantea preguntas incómodas sobre cómo funciona el derecho penal cuando las consecuencias políticas son masivas y la revisión judicial es imposible. 🔍 En un vistazo: La sentencia del caso FGE tiene un problema serio: no es que el Fiscal General no debiera filtrar información reservada (eso es obvio), sino que el tribunal le atribuye la filtración mediante un relato de i...

Serie Krátos (V): La Mayoría Organizada Del deber de sigilo legítimo a la construcción probatoria forzada: análisis de una condena en única instancia Este artículo cierra un tríptico sobre el caso García Ortiz. En una entrada anterior expuse el mecanismo general del Lawfare: no hace falta inventar delitos, basta con elegir objetivo, marco interpretativo y ritmo procesal. Después, analicé el fallo filtrado del Supremo sin sentencia íntegra y advertí de la asimetría informativa y de la tentación de llenar el vacío con narrativa política. Hoy, con la sentencia publicada, el problema se precisa: la nota puede ser reprochable, pero la atribución de la filtración en única instancia no puede sostenerse sobre un relato indiciario frágil. 🎯 La tesis central: El FGE podía tener un problema penal por la Nota; el Supremo decidió convertir ese problema en una condena cerrada por una unidad de acción que exigía atribuirle también la filtración del correo; y ...

Cuando el único error que se persigue es el políticamente conveniente La condena al Fiscal General del Estado demuestra algo inquietante: el sistema judicial español tiene herramientas para castigar filtraciones, pero solo las activa con esta intensidad cuando el objetivo es institucionalmente relevante. El delito existía. La selectividad también. La justicia no es neutral: es el mecanismo de último recurso que protege a la minoría propietaria frente al poder numérico de la mayoría. Esa frase no describe solo este caso: resume la arquitectura institucional de las democracias modernas. El lawfare no es una anomalía; es la expresión extrema de un diseño contramayoritario nacido en la democracia censitaria del siglo XIX y adaptado al siglo XXI, cuyo centro es el poder judicial. Pero antes de analizar el caso español del Fiscal General del Estado (FGE) como ejemplo concreto, conviene aclarar un punto crucial que la investig...