Cártel de los Soles: un nombre, muchas acusaciones y ninguna prueba

El término Cártel de los Soles tiene casi tres décadas de historia. Su nombre proviene de los soles dorados que lucen en las charreteras los generales venezolanos, símbolo de su rango militar. La expresión nació en los años noventa como un mote periodístico, cuando dos altos oficiales de la Guardia Nacional fueron acusados de narcotráfico, y aludía simplemente a casos puntuales de corrupción castrense, no a una organización estructurada.

No obstante, en los últimos años ha sido resignificado en clave política y geopolítica, especialmente por la administración Trump, en términos que en absoluto responden a la verdad de su origen. Lo que comenzó como un apodo vinculado a generales acusados de narcotráfico ha terminado por convertirse en un significante cargado de fuerza retórica: un supuesto cartel capaz de rivalizar con organizaciones criminales consolidadas como las mexicanas.

Examinar su genealogía permite mostrar cómo un concepto anterior al chavismo fue progresivamente reconfigurado hasta adquirir centralidad en el discurso internacional sobre Venezuela.

1. Historia del término: de los soles dorados al discurso político

El mote Cártel de los Soles no nació con el chavismo. Su primera aparición se remonta a 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional venezolana —Ramón Guillén Dávila y Herminio Fuenmayor— fueron acusados de narcotráfico. Los medios de comunicación acuñaron la expresión en alusión a los soles dorados que portan los generales en sus charreteras. En aquel momento, el término funcionaba como un apodo periodístico para describir casos puntuales de corrupción militar, sin aludir a una organización estructurada.

Con el cambio de siglo, la expresión comenzó a ser reapropiada en informes de inteligencia y en el discurso político estadounidense. La genealogía de este desplazamiento es reveladora:

Década de 1990: el término es todavía local, usado por la prensa venezolana como sinónimo de militares corruptos vinculados al narcotráfico.
Inicios de los 2000: tras la llegada de Hugo Chávez y el deterioro de las relaciones con Washington, el concepto se reactiva en informes de la DEA y del Departamento de Estado. Allí deja de ser una etiqueta periodística y se transforma en una categoría acusatoria, que sugiere la existencia de una red militar vinculada a carteles colombianos.
Década de 2010: en el marco de las sanciones contra Venezuela, la expresión se consolida como un vector simbólico de la política exterior norteamericana. El “Cártel de los Soles” se convierte en un significante útil para presentar a Venezuela como un narcoestado, comparable a los grandes carteles mexicanos, aunque carezca de la misma evidencia empírica.
2020: bajo la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Justicia emplea formalmente el término en una acusación contra Nicolás Maduro y varios altos funcionarios. Con ello, el mote periodístico de los noventa termina inscrito en el aparato jurídico y diplomático de EE.UU., alcanzando su máxima institucionalización.

Este recorrido muestra cómo un término nacido en los márgenes del periodismo venezolano se convierte en un dispositivo discursivo del poder norteamericano. Ya no se trata solo de nombrar militares implicados en tráfico, sino de producir un marco narrativo que justifica sanciones, operaciones encubiertas y aislamiento internacional bajo la lógica de la “lucha contra el narcotráfico”.

2. La ausencia de pruebas: un cartel sin procesos judiciales

Pese a su difusión, nunca se han presentado pruebas materiales concluyentes de la existencia de un cartel estructurado. Desde su primera aparición en los años noventa hasta las acusaciones de Washington en 2020, el Cártel de los Soles ha permanecido como una acusación sin verificación judicial independiente.

Pruebas indirectas: Lo que se conoce procede de testimonios de desertores, informantes protegidos o cooperadores judiciales que declaran en tribunales estadounidenses. Estas voces suelen estar mediadas por la expectativa de obtener beneficios legales, lo cual introduce un fuerte sesgo.
Ausencia de documentación verificable: Ni la DEA ni el Departamento de Justicia han mostrado registros financieros, comunicaciones interceptadas o estructuras jerárquicas internas que sostengan la existencia de un cartel semejante a los de México o Colombia.
Fragmentación de casos: Las investigaciones periodísticas han documentado casos de militares o funcionarios corruptos que facilitan cargamentos de droga en tránsito por Venezuela. Pero estos episodios aparecen como redes locales y descentralizadas, sin una organización central que los articule.

El contraste con los carteles mexicanos es revelador: mientras que Sinaloa o el CJNG exhiben un control territorial, una violencia organizada y una capacidad logística indiscutibles, el Cártel de los Soles nunca ha mostrado indicios de esa magnitud. La categoría de “cartel” aquí es más un rótulo retórico que una descripción criminológica.

La genealogía judicial también es significativa. Durante casi tres décadas, el término circuló sin traducirse en procesos formales. Recién en 2020, bajo la administración Trump, el Departamento de Justicia utilizó el concepto en una acusación contra Nicolás Maduro. Fue el momento en que un mote periodístico se elevó al rango de categoría jurídica en la política exterior estadounidense. Pero incluso entonces, la acusación se apoyó en los mismos elementos de siempre: testimonios indirectos y reportes de inteligencia sin corroboración pública.

En este sentido, el Cártel de los Soles se sostiene en una paradoja: funciona políticamente precisamente porque nunca se somete a la verificación que supondría un proceso judicial transparente. La ausencia de pruebas no debilita la acusación, sino que la mantiene flotando en el terreno del rumor institucionalizado, donde la ambigüedad refuerza su potencial como herramienta de presión.

3. Militares y narcotráfico en América Latina: un fenómeno extendido sin etiqueta

La implicación de militares en redes de narcotráfico no es un rasgo exclusivo de Venezuela. En casi todos los países de Centroamérica y Sudamérica pueden documentarse casos similares, aunque ninguno de ellos haya sido elevado a la categoría de “cartel” en el discurso político internacional.

México: Los casos más notorios son los Zetas, un grupo fundado en los años noventa por desertores de las fuerzas especiales (GAFE) que pusieron su entrenamiento militar al servicio del narcotráfico. A lo largo de los años, múltiples investigaciones han mostrado complicidad de mandos militares o policiales con carteles, aunque nunca se ha hablado de un “cartel del Ejército Mexicano”.

Guatemala: Las estructuras del kaibilismo —fuerzas especiales del ejército— han sido vinculadas con redes de narcotráfico y contrabando, sobre todo en la frontera con México. De nuevo, se habla de “narco-kaibiles” o de corrupción militar, pero no de un cartel estructurado con nombre propio.

Honduras: Exoficiales de las fuerzas armadas han sido procesados en EE.UU. por colaborar con el tráfico de cocaína. El propio hermano del expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado por narcotráfico. Sin embargo, nunca se ha forjado un término como “cartel de los soles” para designar estas prácticas.

Colombia: En el marco del conflicto armado, ha habido militares y policías procesados por colaborar con carteles y paramilitares en el transporte de droga. Pese a su amplitud, se habla de “narcopolítica” o corrupción castrense, no de un cartel militar como tal.

Perú y Bolivia: En distintas etapas, oficiales han sido implicados en la protección de vuelos clandestinos o en el tráfico de pasta base, pero siempre tratados como casos individuales o redes locales, no como un cartel militarizado.

En todos estos ejemplos, la realidad es similar: militares que, de manera individual o en redes fragmentarias, colaboran con el narcotráfico. Lo peculiar del caso venezolano no está tanto en la práctica —común en la región— como en el nombre que se le asigna. El Cártel de los Soles eleva un fenómeno extendido de corrupción a la categoría de organización jerárquica con nombre propio, otorgándole un poder simbólico que en otros países no se construyó.

4. La función del concepto: un significante vacío cargado políticamente

El valor del Cártel de los Soles no reside en describir una organización criminal comprobada, sino en su capacidad de funcionar como instrumento retórico y político. Su eficacia está en ser un significante vacío: un término cuya vaguedad permite condensar acusaciones, sospechas y narrativas sin necesidad de sustento empírico sólido.

Este tipo de conceptos se utilizan estratégicamente en tres niveles:

Narrativo-mediático
- La expresión tiene un gran poder evocador: la imagen de “soles” militares asociados al narcotráfico convierte la corrupción difusa en un enemigo concreto con nombre propio.
- Funciona como un “sello de marca” fácil de recordar y difundir en titulares, simplificando realidades complejas en una fórmula impactante.
Político-jurídico
- En 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. formalizó la acusación contra Nicolás Maduro, el término pasó del rumor periodístico a la institucionalización jurídica.
- En este plano, el Cártel de los Soles opera como un operador de securitización: convierte a Venezuela no en un adversario ideológico, sino en una amenaza criminal, lo que justifica medidas excepcionales (sanciones, recompensas millonarias, aislamiento diplomático).
Geopolítico
- Tal como las “armas de destrucción masiva” en Irak, el Cártel de los Soles funciona como justificación previa para escalar la confrontación.
- Se trata de un término capaz de trasladar el campo de la política a la seguridad internacional, donde la verificación empírica es secundaria frente a la construcción de consenso.
- Desde esta perspectiva, la etiqueta opera como lo que Ernesto Laclau llamó un “significante flotante”: un término que no tiene un contenido estable, pero que articula discursos y moviliza apoyos.

En síntesis: la fuerza del concepto no está en su capacidad descriptiva, sino en su utilidad performativa. El Cártel de los Soles no demuestra, sino que acusa; no describe, sino que enmarca. Al nombrarlo, se produce una realidad discursiva que ubica a Venezuela en el mismo nivel que los grandes carteles mexicanos, aunque no existan las pruebas materiales que sustenten esa equiparación.

5. El precedente de Noriega: narcotráfico como pretexto, geopolítica como trasfondo

El caso del general panameño Manuel Antonio Noriega ofrece un paralelo revelador para comprender la función del concepto de Cártel de los Soles. Durante años, Noriega fue un aliado estratégico de Washington: colaborador de la CIA, facilitador de operaciones encubiertas y pieza clave en la guerra regional contra el sandinismo en Nicaragua. Sus vínculos con el narcotráfico eran conocidos desde los años setenta, pero fueron tolerados mientras resultó útil. El giro se produjo cuando dejó de ser un socio confiable y se convirtió en un obstáculo para los intereses norteamericanos.

En diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la invasión a Panamá (Operación Causa Justa), justificándola en la necesidad de proteger a ciudadanos estadounidenses, restaurar la democracia y detener a Noriega por narcotráfico. En realidad, el trasfondo decisivo era el control del Canal de Panamá, que debía pasar a manos panameñas en 1999 según los tratados Torrijos-Carter. Washington quería garantizar que esa transición se realizara bajo un gobierno dócil. Se trataba, además, de otro tiempo histórico: el fin de la Guerra Fría, con un margen de maniobra mucho mayor para las intervenciones militares unilaterales, y en un país pequeño y estratégico, incomparable en escala con Venezuela.

Capturado y trasladado a Miami, Noriega fue condenado en 1992 a 40 años de prisión por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero (pena luego reducida a 30). Sin embargo, numerosos analistas han subrayado el carácter político del proceso. El periodista John Dinges (Our Man in Panama, 1990) mostró cómo los vínculos de Noriega con el narcotráfico habían sido conocidos y tolerados por la CIA durante años. Frederick Kempe (Divorcing the Dictator, 1990) documenta cómo el viraje se produjo en cuanto dejó de ser un aliado confiable. Durante el juicio, como señaló Eric Jackson en The Panama News, la acusación descansó en gran medida en testimonios de narcotraficantes colombianos que recibieron beneficios judiciales a cambio de incriminarlo. Nunca se probó la existencia de una red jerárquica que él dirigiera personalmente, lo que llevó a autores como Peter Dale Scott (Drugs, Oil, and War, 2003) a interpretar su condena como parte de un patrón: el uso del narcotráfico como pretexto legitimador de intervenciones geopolíticas.

El paralelismo con Venezuela resulta evidente:

En ambos casos, el narcotráfico se presenta como amenaza internacional para justificar medidas de fuerza.
En ambos, la acusación opera como recurso retórico, mientras que el trasfondo responde a intereses estratégicos (el canal en Panamá, el cerco al chavismo en Venezuela).
La diferencia estriba en que eran otros tiempos, pero también Panamá, por tamaño y contexto, fue objeto de una invasión militar directa y de un juicio efectivo, mientras que Venezuela, por su escala y peso geopolítico, permanece en el terreno de la acusación flotante: un significante vacío que legitima sanciones y presiones, pero sin desembocar en un proceso judicial semejante.

Conclusión

La historia del Cártel de los Soles muestra cómo un mote periodístico, anterior incluso al chavismo, terminó transformado en un artefacto geopolítico. Lo que en los noventa designaba a generales acusados de narcotráfico se convirtió, con el tiempo, en la etiqueta de un cartel inexistente en términos estructurales pero enormemente eficaz como recurso discursivo. La ausencia de pruebas sólidas, la falta de procesos judiciales consistentes y su utilización recurrente en informes y discursos políticos revelan que estamos ante un concepto con más fuerza simbólica que realidad empírica.

En última instancia, el Cártel de los Soles no nombra una organización criminal, sino que funciona como un signo retórico cargado de amenaza, capaz de encuadrar la narrativa internacional sobre Venezuela. Su papel recuerda al de otros dispositivos de legitimación en la política exterior estadounidense —como las “armas de destrucción masiva” en Irak o el caso Noriega en Panamá—, donde el narcotráfico opera menos como delito que como pretexto estratégico para justificar sanciones, aislamiento y presión diplomática.

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