La nueva RTVE: el arma silenciosa de Sánchez para ganar las próximas elecciones
RTVE vuelve al centro del tablero político. Tras años de neutralidad y pérdida de influencia desde la reforma de 2006, la televisión pública está recuperando peso institucional, capacidad de agenda y presencia digital. Su repolitización corrige un ecosistema mediático dominado por voces conservadoras, moviliza al electorado progresista y desplaza el debate a terrenos favorables al Gobierno.
Como se argumentaba en una entrada anterior, Pedro Sánchez no tiene incentivos para adelantar las elecciones generales. El ciclo político lleva unos meses moviéndose a su favor: el deterioro estructural del Partido Popular no ha tocado fondo, la competencia con Vox empuja a la derecha hacia posiciones más radicales y el voto progresista tiende a concentrarse en torno al PSOE.
RTVE antes de Zapatero: arquitectura mediática del consenso y del poder
Durante las primeras décadas de la democracia española, la televisión fue el eje de la vida pública y el principal vehículo de socialización política. En un país con una prensa escrita aún debilitada tras la dictadura y con un sistema radiofónico fragmentado, el medio audiovisual se convirtió en la herramienta fundamental para construir relatos comunes y legitimar decisiones políticas. Y, hasta principios de los años noventa, ese espacio tenía un nombre indiscutible: Radiotelevisión Española (RTVE).
La posición de la televisión pública fue prácticamente hegemónica desde finales de los años setenta hasta comienzos de los noventa. En la etapa de la Transición y los primeros gobiernos democráticos, más del 90 % de la población consumía televisión a diario y la práctica totalidad de ese consumo se concentraba en la oferta de TVE. Los informativos de la cadena eran, en ese contexto, un ritual colectivo: millones de ciudadanos se informaban al mismo tiempo, a través de un único lenguaje audiovisual y de marcos interpretativos definidos en gran medida por el poder político.
Esa hegemonía no desapareció inmediatamente con la liberalización audiovisual. Aunque en 1990 se autorizaron las primeras cadenas privadas —Antena 3 y Telecinco, seguidas por Canal+ en 1991—, La 1 siguió siendo la cadena líder durante más de una década. En la segunda mitad de los años noventa, sus cuotas medias anuales se situaban habitualmente por encima del 25 %, y sus informativos principales mantenían un liderazgo sostenido. RTVE era todavía el espacio en el que se decidía qué asuntos eran relevantes, cómo debían entenderse y cuáles quedaban fuera del marco político aceptable.
Ese dominio comenzó a erosionarse de forma visible a principios del nuevo siglo. La multiplicación de canales, el auge de las televisiones privadas y la fragmentación de las audiencias transformaron por completo el panorama mediático. El punto de inflexión simbólico llegó en 2005, cuando Telecinco superó por primera vez a La 1 en audiencia anual (22,1 % frente a 21,5 %). A partir de ese momento, RTVE dejó de liderar de forma sostenida el mercado televisivo y perdió el papel central que había desempeñado durante más de dos décadas.
En los años siguientes, su cuota media descendió de manera constante hasta situarse en torno al 10 – 13 %, y sus informativos rara vez superaron el 10 – 12 % de share. El cambio no fue únicamente cuantitativo: significó que la televisión pública dejaba de ser el escenario único de la conversación nacional. Los ciudadanos ya no compartían necesariamente las mismas imágenes ni los mismos relatos, y el poder del Gobierno para orientar la agenda informativa a través de RTVE se redujo drásticamente.
Este tránsito —de un espacio mediático monopolístico a un ecosistema plural y competitivo— modificó profundamente las reglas del juego político. La opinión pública pasó a formarse en un entorno en el que múltiples actores —televisiones privadas, grupos mediáticos internacionales y, más adelante, plataformas digitales— disputaban la atención de la ciudadanía.
El control institucional: la dirección de RTVE como herramienta política
Mientras RTVE fue hegemónica, su influencia no se limitó al terreno simbólico o narrativo: también se ejercía a través de su estructura institucional. El control del medio formaba parte del poder gubernamental y se concretaba, sobre todo, en el nombramiento de su director general, designado directamente por el Consejo de Ministros sin necesidad de mayorías parlamentarias cualificadas. El perfil del elegido enviaba señales claras sobre el proyecto político del Gobierno y sobre el uso que pensaba hacer de la televisión pública.
Un caso paradigmático fue el nombramiento en 2002 de José Antonio Sánchez, periodista de trayectoria vinculada al entorno conservador, como director general de RTVE por decisión del Gobierno de José María Aznar. Su llegada evidenció que el ente público se concebía no solo como un servicio informativo, sino como un instrumento estratégico del Ejecutivo para influir en la opinión pública y reforzar sus marcos ideológicos.
Esta práctica no pasó desapercibida para observadores nacionales e internacionales. Informes del Media Pluralism Monitor del European University Institute han señalado reiteradamente que la independencia formal de RTVE fue históricamente débil hasta las reformas emprendidas a mediados de la década de 2000. Del mismo modo, estudios académicos como los de Manuel Palacio (Historia de la televisión en España, 2012) o Enric Marín (El poder mediático en España, 2017) coinciden en que el control político del ente fue un rasgo estructural del sistema comunicativo español durante toda la etapa democrática.
El giro de 2004: neutralización deliberada y pérdida de centralidad
La llegada del Partido Socialista al Gobierno en 2004 abrió el camino a una profunda transformación del modelo de televisión pública en España. El punto de inflexión se produjo en 2006, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la Ley 17/2006, de 5 de junio, que refundó RTVE como Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE), con personalidad jurídica propia y una misión de servicio público definida en términos europeos. La reforma supuso una ruptura con la tradición anterior: el Estado renunciaba deliberadamente a utilizar la televisión pública como instrumento directo de poder político y orientaba su función hacia los estándares de independencia, pluralismo y profesionalización característicos de las democracias consolidadas.
Origen y objetivos de la reforma
El cambio respondió a dos grandes presiones. Por un lado, a una crisis interna de credibilidad tras años de acusaciones de manipulación informativa, especialmente durante el segundo mandato de José María Aznar. El llamado “caso Urdaci”, tras la huelga general de 2002, se convirtió en símbolo de esa crisis y evidenció la necesidad de despolitizar la gestión. Por otro lado, el giro obedeció a las recomendaciones del Consejo de Europa y la Comisión Europea, que desde finales de los noventa instaban a España a fortalecer la autonomía de sus medios públicos y aproximarlos a modelos como la BBC (Reino Unido), France Télévisions (Francia) o ARD/ZDF (Alemania).
Una nueva arquitectura institucional
La Ley 17/2006 transformó profundamente la estructura de RTVE. Sus medidas principales fueron:
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Nombramiento por consenso: el presidente de la Corporación debía ser elegido por el Congreso con una mayoría cualificada de dos tercios, lo que obligaba al Gobierno a pactar con la oposición.
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Consejo de administración plural: se creó un órgano colegiado con representación proporcional de las fuerzas parlamentarias y mandatos fijos, diseñado para garantizar el pluralismo y limitar el control gubernamental directo.
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Mandato-marco y contrato-programa: se estableció un plan cuatrienal que fijaba objetivos de servicio público, financiación y prioridades editoriales, reduciendo el margen de intervención discrecional del Ejecutivo.
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Reforma de la financiación (2009): tres años después, la Ley 8/2009 eliminó la publicidad en RTVE, culminando el proceso de desmercantilización del medio y alineando su modelo con el de las principales televisiones públicas europeas.
El objetivo declarado era doble: reforzar la legitimidad democrática de la televisión pública y romper con décadas de instrumentalización partidista. En términos formales, el cambio fue un éxito. RTVE ganó prestigio, sus informativos encabezaron las encuestas de confianza ciudadana, y España mejoró notablemente en los índices europeos de independencia mediática..
La retirada del escenario político
Ese éxito normativo, sin embargo, tuvo un efecto político no previsto: RTVE se retiró del centro del escenario político justo cuando el ecosistema mediático español experimentaba una transformación profunda.
Durante la década de 2000, el crecimiento de las televisiones privadas —Antena 3, Telecinco, Cuatro y, especialmente, La Sexta, con un perfil editorial más ideológico— desplazó el debate público a espacios donde el Gobierno tenía mucho menos capacidad de influencia. Frente a ese nuevo contexto, RTVE adoptó un rol más técnico, informativo y neutral, renunciando en gran medida a construir narrativas políticas o a promover activamente marcos interpretativos desde el poder público.
La consecuencia fue un declive sostenido de su capacidad de influencia. La cuota de pantalla de sus informativos, que en los años noventa superaba con frecuencia el 20 %, descendió de forma progresiva hasta situarse habitualmente en torno al 11–13 % en la década posterior. Pero el cambio fue más profundo que un mero ajuste cuantitativo: la televisión pública dejó de ser el espacio en el que se definía el debate nacional. Su poder de agenda-setting (decidir qué temas se discuten) y de framing (condicionar cómo se interpretan) se redujo de forma drástica.
Efectos políticos de la despolitización
En términos de sociología electoral, el impacto fue significativo. RTVE había sido durante décadas un amplificador simbólico de los marcos ideológicos afines al Gobierno, ayudando a construir consensos y a consolidar mayorías sociales. Al abandonar ese papel, el bloque progresista perdió un recurso estratégico en un contexto mediático crecientemente competitivo.
Este desplazamiento comunicativo modificó el comportamiento electoral en al menos tres dimensiones:
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Desmovilización progresista: sin un medio público de referencia con capacidad de articular un relato común, una parte del electorado de izquierdas quedó políticamente inactiva o desconectada.
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Volatilidad del voto: en ausencia de un marco institucional fuerte, los ciclos informativos, las controversias mediáticas y los escándalos adquirieron un peso mayor en la formación de mayorías.
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Asimetría ideológica: al carecer de un altavoz institucional, el bloque progresista operó en desventaja frente a un ecosistema privado con narrativas más homogéneas y frecuentemente conservadoras.
Estas dinámicas pueden interpretarse a la luz de lo que el politólogo Bernard Manin denominó “democracia de audiencia”: un modelo en el que la competencia política depende menos de los programas de los partidos y más de la capacidad de los actores mediáticos para definir los marcos de la conversación pública
Un arma desactivada… y una lección estratégica
La reforma de 2006 cumplió con sus objetivos democráticos: aumentó la independencia formal, mejoró la confianza ciudadana y alineó la televisión pública con los estándares europeos. Pero, al mismo tiempo, desactivó un instrumento estratégico que durante décadas había contribuido a moldear la opinión pública y a reforzar el proyecto político de los gobiernos.
Lo que hasta entonces había sido un medio capaz de generar consenso, estructurar el debate y movilizar electorados pasó a ser un actor más en un sistema mediático fragmentado. El precio del pluralismo fue, paradójicamente, la pérdida de influencia política.
Esa experiencia explica buena parte de la estrategia comunicativa del actual Ejecutivo: en un contexto en el que el poder narrativo se ha convertido en un factor decisivo de la competencia electoral, renunciar completamente a la capacidad de intervención mediática equivale a ceder el terreno al adversario. El giro de 2006 fue un hito democrático, pero también una advertencia: sin presencia activa en el terreno de la opinión pública, incluso las políticas más ambiciosas corren el riesgo de perder apoyo social.
2023–2025: el retorno de RTVE y su expansión digital
Tras más de una década en un segundo plano, la televisión pública ha regresado al centro del tablero político español. Desde 2023, la estrategia del Ejecutivo ha cambiado de forma visible: RTVE ha dejado atrás el perfil neutro y de baja intensidad que caracterizó el periodo posterior a la reforma de 2006 y ha comenzado a recuperar un papel activo en la configuración del debate público. Este giro no es coyuntural, ni implica un retorno al control partidista clásico: responde a una decisión estratégica deliberada, plenamente compatible con el marco legal vigente, que busca reforzar la capacidad de la televisión pública como instrumento de influencia simbólica, construcción de agenda y movilización electoral en un ecosistema mediático crecientemente competitivo y conservador.
Repolitización y agenda alineada
Los informativos, los debates y los programas de análisis político han vuelto a situarse en el núcleo de la conversación pública. La cobertura de RTVE refleja con nitidez los grandes ejes de la acción del Gobierno: políticas sociales, derechos civiles, memoria democrática, vivienda, igualdad, transición ecológica o reconocimiento del Estado palestino. Este alineamiento editorial no implica manipulación en el sentido clásico, pero sí revela una reorientación deliberada de prioridades informativas hacia los marcos estratégicos del Ejecutivo, de modo que las políticas gubernamentales ocupan posiciones centrales en la agenda mediática.
Los datos lo confirman. Los informativos principales de RTVE se sitúan hoy en torno al 10–11 % de cuota de pantalla, y los debates especiales —sobre elecciones, reformas legislativas o política internacional— superan con frecuencia esas cifras, alcanzando audiencias de más de 3 millones de espectadores en los eventos de mayor relevancia. Aunque estas cifras siguen lejos de las registradas en la etapa pre-2006 —cuando superaban con frecuencia el 20 %—, muestran un crecimiento sostenido tras años de estancamiento y señalan que la televisión pública vuelve a ser un referente en la conversación política nacional.
Dirección y control institucional: del consenso de Estado al consenso de bloque
La repolitización de RTVE en el ciclo 2023–2025 no se explica únicamente por el cambio editorial: también responde a un reposicionamiento institucional cuidadosamente planificado. Tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero en 2022, la presidencia de RTVE pasó por un periodo prolongado de interinidades. Elena Sánchez Caballero asumió la dirección interina entre septiembre de 2022 y marzo de 2024, y fue relevada por Concepción Cascajosa, también en funciones, hasta finales de ese mismo año. Esta secuencia reflejaba un bloqueo político: la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP impedía cumplir con el requisito de mayoría de dos tercios previsto en la Ley 17/2006, y la corporación se mantenía en un limbo institucional.
Frente a esa parálisis, el Ejecutivo impulsó una reforma legal decisiva. En octubre de 2024, el Gobierno aprobó un decreto que modificó la composición del Consejo de Administración (de 10 a 15 miembros, con 11 elegidos por el Congreso) e introdujo un mecanismo de segunda votación que permite designar tanto al presidente como a los consejeros por mayoría absoluta si no se alcanza un consenso de dos tercios en 48 horas. La norma también amplió las atribuciones ejecutivas de la presidencia, reforzando su capacidad de dirección.
Ese cambio desbloqueó la situación. El 28 de noviembre de 2024, el Congreso nombró a José Pablo López como nuevo presidente de RTVE en segunda votación por mayoría absoluta gracias a los votos del PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios, sin el apoyo del PP ni de Vox. El nombramiento fue plenamente legal, pero supuso un giro histórico: por primera vez desde 2006, la dirección de RTVE no se designaba con un consenso transversal entre los dos grandes partidos, sino con un consenso de bloque claramente alineado con la izquierda.
La diferencia es sustancial. El espíritu original de la reforma de 2006 pretendía garantizar que RTVE no pudiera ser controlada por un solo partido, obligando a pactos de Estado. La dinámica actual rompe con ese principio: la televisión pública sigue siendo formalmente independiente, pero su dirección responde ahora a un acuerdo político dentro del bloque progresista. Este cambio revela una comprensión más amplia del poder mediático: la batalla comunicativa no es solo editorial, sino también institucional, y la orientación informativa depende en última instancia de quién controla los órganos de decisión.
Esta nueva correlación de fuerzas permite al Gobierno alinear la estrategia informativa con sus prioridades políticas, consolidar la expansión digital y garantizar que RTVE actúe —como lo hizo durante décadas— no solo como medio de comunicación, sino como actor político indirecto en la disputa por el relato público. El paso del consenso de Estado al consenso de bloque no es un simple detalle procedimental: es la base estructural del retorno de RTVE al centro de la política española..
El salto digital: omnicanalidad e influencia extendida
Una de las innovaciones más decisivas de esta nueva etapa es que RTVE ya no busca recuperar influencia exclusivamente a través de la televisión lineal. La corporación ha desplegado un plan integral de expansión digital que amplía su alcance y le permite intervenir allí donde se forma la opinión pública contemporánea:
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Presencia reforzada en redes sociales: RTVE ha incrementado su actividad en plataformas como X (Twitter), TikTok, Instagram y YouTube, con contenidos adaptados a cada entorno: vídeos breves, formatos participativos, narrativas audiovisuales ágiles y estrategias de segmentación por público.
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Impulso de RTVE Play: la plataforma bajo demanda permite acceder a informativos, debates y programas desde cualquier dispositivo, extendiendo la vida útil del contenido y multiplicando su alcance.
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Producción de contenidos virales y colaboraciones: entrevistas segmentadas, piezas diseñadas para redes, colaboraciones con influencers y formatos pensados específicamente para audiencias jóvenes.
Esta estrategia neutraliza uno de los argumentos más recurrentes de los críticos: el de que “nadie ve ya la televisión”. RTVE ha dejado de ser únicamente una cadena lineal para convertirse en un actor mediático omnicanal, presente en los espacios donde se construye hoy la opinión política, incluidas las plataformas digitales en las que se informa la ciudadanía más joven. En este nuevo ecosistema, su influencia trasciende la pantalla tradicional y se extiende a las arenas culturales y políticas del entorno digital.
Un potencial aún no desplegado
Pese a estos avances, RTVE sigue lejos de alcanzar su techo histórico. Antes de la reforma de 2006, sus informativos superaban habitualmente el 20 % de cuota de pantalla; hoy, esa cifra se sitúa en torno a la mitad. Esta diferencia evidencia que el proceso de recuperación de influencia está en marcha, pero aún no ha concluido.
En comunicación política, el impacto mediático no crece de forma lineal: se acelera cuando un medio alcanza masa crítica y se convierte en escenario común. Si RTVE logra superar el 14–16 % de share en informativos en un contexto electoral —como suele ocurrir en campaña— y sigue expandiéndose digitalmente, su poder de agenda-setting y movilización podría multiplicarse.
Este efecto tiene dos consecuencias estratégicas para el PSOE:
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Movilización progresista: cada punto adicional de audiencia amplifica la exposición del electorado a marcos narrativos progresistas, reduciendo el tradicional abstencionismo de la izquierda.
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Desplazamiento del eje político: cuanto más relevante sea RTVE en la conversación pública, más obligado estará el PP a reaccionar en un terreno discursivo que no controla, profundizando su pérdida de centralidad.
El Gobierno es consciente de que esta evolución mediática aún no ha alcanzado su madurez. Convocar elecciones ahora sería hacerlo antes de que el principal instrumento mediático del Estado funcione a pleno rendimiento. Permitir que RTVE recupere más audiencia, gane influencia digital y amplifique sus marcos discursivos no es pasividad: es estrategia. Teniendo en cuenta su historia, su peso institucional y su proyección hacia los medios no convencionales, la televisión pública es hoy un arma que apenas ha comenzado a desplegarse..
El tiempo como inversión estratégica
En comunicación política, el impacto mediático no crece de forma lineal: se acelera cuando un medio alcanza masa crítica y se convierte en un escenario compartido de la conversación pública. RTVE aún no ha llegado a ese punto, pero la tendencia apunta en esa dirección. Diversos analistas estiman que, si en un contexto electoral —cuando el consumo de información política se dispara— la televisión pública lograse superar el 14–16 % de share en sus informativos —niveles que ha alcanzado en campañas anteriores— y continúa ampliando su huella digital, su capacidad de agenda-setting (definir qué temas se discuten) y framing (condicionar cómo se interpretan) podría multiplicarse de forma exponencial.
En ese escenario potencial, se activarían dos efectos estratégicos clave para el PSOE:
Movilización progresista
Cada punto adicional de audiencia puede traducirse en miles de votantes más expuestos a narrativas afines al Gobierno: políticas redistributivas, ampliación de derechos, memoria democrática, transición ecológica o reconocimiento internacional de nuevas realidades. Ese contacto repetido no solo refuerza la fidelización del electorado ya convencido, sino que reduce el abstencionismo crónico en la izquierda, especialmente entre jóvenes y sectores urbanos con baja propensión a votar.
Los últimos barómetros del CIS respaldan esta hipótesis: desde mediados de 2024, la intención directa de voto al PSOE ha crecido de forma sostenida —del entorno del 32 % al 35 %—, lo que sugiere que el contexto mediático más favorable está contribuyendo a reactivar segmentos tradicionalmente desmovilizados. En este marco, RTVE, al convertirse de nuevo en una fuente informativa central, puede actuar como catalizador de la participación progresista.
Desplazamiento del eje político
Cuanto más relevante sea RTVE en la conversación pública, más obligado estará el Partido Popular —y, en general, el bloque conservador— a debatir en un terreno discursivo que no controla. Esa desventaja estratégica tiene consecuencias profundas: reduce su capacidad de imponer temas en la agenda, debilita su liderazgo narrativo y acentúa la pérdida de centralidad política que ya reflejan las encuestas.
Ejemplos recientes lo ilustran con claridad: la cobertura continua de la ley de vivienda, el reconocimiento de Palestina como Estado o las políticas de igualdad ha obligado a la oposición a responder en un terreno marcado por el Gobierno, desplazando el debate desde las cuestiones identitarias y culturales —donde el PP y Vox se sienten más cómodos— hacia las políticas públicas y los derechos sociales, donde el Ejecutivo mantiene ventaja argumental.
Un ecosistema mediático desequilibrado… y la función correctora de RTVE
Durante los últimos quince años, el panorama informativo español ha estado dominado por medios privados con una orientación mayoritariamente conservadora o liberal. Grandes grupos como Atresmedia (Antena 3, La Sexta), Mediaset (Telecinco, Cuatro) o cabeceras como El Mundo, ABC o La Razón han articulado gran parte del discurso político desde marcos ideológicos ajenos al progresismo gubernamental. Este desequilibrio estructural ha obligado a los gobiernos de izquierdas a jugar en un terreno comunicativo adverso, en el que las narrativas dominantes eran fijadas por actores privados.
En ese contexto, la recuperación de RTVE como actor central no es un simple retorno a la escena mediática: es un movimiento corrector en el equilibrio de fuerzas comunicativas del país. La televisión pública introduce en el ecosistema un contrapeso discursivo con dos características distintivas:
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Un estilo más divulgativo y pedagógico, centrado en explicar políticas, reformas y decisiones desde la perspectiva del Gobierno.
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Un enfoque más combativo y proactivo, capaz de disputar la interpretación de los grandes temas de actualidad y de responder a los marcos conservadores con narrativas alternativas.
Esta capacidad —sumada a la expansión digital y a su inserción en redes sociales y plataformas audiovisuales— convierte a RTVE en un instrumento con un potencial que apenas ha comenzado a desplegarse. Su historia como actor central de la vida política, su legitimidad institucional y su penetración tecnológica la sitúan en posición de convertirse, en los próximos años, en un vector decisivo de influencia política y electoral.
Tiempo y cálculo electoral
El Gobierno es plenamente consciente de que esta evolución mediática aún no ha alcanzado su madurez. Convocar elecciones ahora significaría hacerlo antes de que el principal instrumento comunicativo del Estado esté operando a pleno rendimiento. Permitir que el proceso continúe —dejando que RTVE gane cuota de pantalla, amplíe su base digital y refuerce sus marcos narrativos— no es pasividad: es estrategia.
Cada mes que pasa consolida la televisión pública como plataforma de movilización progresista y de desplazamiento ideológico. Cuanto más cerca esté de su “masa crítica”, más decisivo será su impacto electoral. Por eso, el cálculo político de Pedro Sánchez no se basa en la fotografía del presente, sino en la película de fondo: un ecosistema mediático en transformación, un instrumento de Estado que crece en poder e influencia, y un adversario político que aún no ha encontrado respuesta eficaz.
En este escenario, el tiempo trabaja a favor del Gobierno. La apuesta pasa por dejar que la dinámica mediática madure plenamente antes de acudir a las urnas, maximizando así la probabilidad de una victoria más amplia y de un mandato político con mayor capacidad de transformación.
Conclusión – El trabajo pendiente de la televisión pública
Los últimos barómetros del CIS confirman una tendencia que se consolida desde mediados de 2024: la intención directa de voto al PSOE crece de forma sostenida. En pocos meses, el partido ha pasado de cifras cercanas al 32 % a situarse en torno al 35 %, ampliando su ventaja sobre el PP y reforzando su posición como fuerza hegemónica dentro del bloque progresista. Sin embargo, esa tendencia aún no ha alcanzado su punto máximo y permanece dentro del margen de evolución de un ciclo electoral todavía abierto.
Convocar elecciones en este momento produciría, con alta probabilidad, un resultado similar al actual: una victoria socialista clara, pero con una mayoría ajustada que obligaría a seguir dependiendo de complejas alianzas parlamentarias. Desde el punto de vista táctico, esa opción sería segura… pero también limitaría la capacidad de transformación política del Gobierno en la próxima legislatura.
La estrategia de Pedro Sánchez apunta en otra dirección. El objetivo no es solo consolidar la ventaja actual, sino ampliarla hasta alcanzar una mayoría absoluta —o al menos una mayoría lo suficientemente amplia— que permita gobernar con estabilidad durante cuatro años sin la dependencia constante de socios minoritarios. La apuesta pasa por explotar al máximo un contexto que le es cada vez más favorable: un PP en deterioro estructural, una derecha fragmentada por la competencia interna con Vox, y una RTVE en proceso de recuperar centralidad política tras años de marginalidad.
En este cálculo, el tiempo se convierte en un recurso político. Esperar no es pasividad, sino una inversión estratégica: cada mes que pasa permite que RTVE consolide su audiencia, amplíe su base digital y fortalezca su capacidad de moldear la conversación pública. A medida que la televisión pública se acerque a su “masa crítica”, su potencial de movilización progresista crecerá, y con ello también lo hará la probabilidad de una victoria más amplia.
Es, en definitiva, una decisión arriesgada, pero coherente con el perfil político de Sánchez: el mismo que resistió la presión interna en 2016, que apostó por una moción de censura en 2018 cuando pocos creían en su éxito, y que repitió elecciones en 2019 para reforzar su posición. Sánchez ha demostrado preferir el riesgo calculado al conformismo, y esa lógica se mantiene ahora: no se trata solo de ganar las próximas elecciones, sino de ganarlas con la suficiente holgura para gobernar con plenitud.
En ese horizonte, la nueva televisión pública —más politizada, estratégicamente alineada con el Gobierno y con un potencial de influencia aún en expansión— tiene un papel decisivo que desempeñar en la construcción de una nueva mayoría progresista.
Fuentes y referencias consultadas
Bibliografía académica y análisis histórico
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Palacio, M. (2012). Historia de la televisión en España. Barcelona: Gedisa.
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Marín, E. (2017). El poder mediático en España. Madrid: Catarata.
Informes institucionales y marcos normativos
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European University Institute (2022, 2023). Media Pluralism Monitor: Spain Reports. Florencia: EUI Centre for Media Pluralism and Media Freedom.
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Consejo de Europa (2020). Public Service Media Independence and Governance. Estrasburgo: Council of Europe Publishing.
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CNMC – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2024). Informe Anual del Sector Audiovisual 2023. Madrid: CNMC.
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RTVE (2024). Memoria Anual y Plan Estratégico 2024–2026. Madrid: Corporación RTVE.
Datos de audiencias y mercado audiovisual
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Barlovento Comunicación (2024). Análisis Televisivo Anual 2023–2024. Madrid: Barlovento Comunicación.
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RTVE (2023–2025). Datos de audiencias de informativos. Informes internos y comunicados corporativos disponibles en el portal de prensa de RTVE.
Opinión pública y tendencias electorales
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CIS – Centro de Investigaciones Sociológicas (2024–2025). Barómetros de opinión. Madrid: CIS.
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