La inflación como forma de poder


La política lucha contra la inflación donde no nace: en la economía real.
Al hacerlo, no corrige el problema, pero gana control.
El precio se convierte en su nueva herramienta de poder: un mecanismo que redistribuye riqueza hacia arriba y disciplina a la población por abajo.

En una entrada anterior. Inflar el vacío vimos cómo la inflación contemporánea nace de la financiarización: un sistema donde el valor se emancipa de la producción y se ancla en la especulación financiera. Esa fractura entre economía real y economía financiera es el punto de partida para entender la inflación actual..

Sin embargo, el discurso político sigue tratando la inflación como si fuera un fenómeno de la economía real: exceso de gasto, salarios altos, consumo desbordado.

Esa confusión no es un error; es una estrategia.
La política combate una inflación que no puede controlar —porque su origen está en los mercados financieros— actuando sobre aquello que sí puede disciplinar: el trabajo, el consumo y el gasto público.

Mientras el poder financiero genera inflación a través de la especulación, el poder político la combate enfriando la vida de la gente.
El resultado es doble: transferencia de rentas y control social.
Por eso la inflación, lejos de ser una amenaza para el sistema, se ha convertido en su herramienta más eficaz.


Anatomía de una inflación financiarizada

El episodio inflacionario 2021-2023 no fue un fenómeno homogéneo, sino la confluencia de tres dinámicas diferenciadas: choques de economía real, amplificación financiera y apropiación de márgenes.
Desgranarlas muestra que, en todas ellas, lo financiero impone su lógica.

Lo puramente financiero: especulación en commodities y vivienda

La especulación en mercados de futuros amplificó artificialmente los precios de materias primas básicas.
El maíz, por ejemplo, cuyo precio en México pasó de 7,65 pesos el kilo en enero de 2021 a 10,5 pesos en 2022, experimentó una escalada donde la Bolsa de Chicago (CME) concentraba el 30 % de todas las operaciones de futuros sobre esta materia prima, con inversores que compraban contratos no para recibir mercancía, sino para especular con la volatilidad. La presión especulativa no derivó de la escasez física de grano, sino del volumen récord de contratos financieros sobre materias primas.

En vivienda, la financiarización es aún más evidente.
Entre 2013 y 2021, el fondo Blackstone adquirió unas 30 000 viviendas en España, convirtiéndose en el mayor propietario privado del país.
En 2024, fondos de inversión y grandes tenedores controlaban más de 178 000 viviendas alquiladas solo en once comunidades autónomas.
A nivel global, los activos inmobiliarios gestionados por fondos superaban los 12,3 billones de dólares en 2023.

Lo real contaminado por lo financiero: la apropiación de márgenes

Incluso donde parecía haber causas reales —guerra, pandemia— la esfera financiera las amplificó y aprovechó.
Según el Gabinete Económico de CCOO, los beneficios empresariales explicaron aproximadamente el 83 % de la inflación registrada en el primer trimestre de 2022.
Los márgenes empresariales aumentaron un 64 % entre 2018 y 2023, batiendo récords consecutivos en 2021, 2022 y 2023.

Un estudio reciente del Observatorio de Márgenes Empresariales muestra que el 85 % de la inflación media entre 2021 y 2023 se explica por el traslado de costes —energéticos, financieros y logísticos— a los precios finales (pass-through), mientras que el aumento directo de los márgenes empresariales añade un 14 % adicional.
El impacto de los costes laborales fue, en cambio, muy limitado: los salarios crecieron apenas un 8,4 % acumulado, mientras los precios escalaban alrededor de un 15 % en el mismo período.

La Comisión Europea estimó en 2023 que los beneficios empresariales serían responsables de más de la mitad de la inflación europea entre 2023 y 2025, superando el peso de los salarios incluso en países como España.

El resultado: inflación de beneficios sin causa real

Las corporaciones con poder de mercado —energía, alimentación, banca— no solo defendieron sus márgenes: los mejoraron.
El resultado bruto de explotación de las empresas no financieras españolas se disparó cerca del 50 % desde el nivel prepandemia.
Los salarios, en cambio, perdieron un 6 % de poder adquisitivo acumulado entre 2021 y 2023.

Esta no es inflación de demanda ni de costes salariales.
Es inflación de extracción: un mecanismo donde la especulación financiera en materias primas y vivienda genera presiones de precios que las corporaciones aprovechan para ampliar sus beneficios, convirtiendo un choque externo en transferencia permanente de rentas.


Primer uso: mantener la transferencia de rentas

La lucha contra la inflación siempre se libra en el terreno equivocado.
Se suben los tipos de interés, se reducen los salarios reales y se recorta el gasto público.
Pero nada de eso ataca la causa del problema, porque la inflación actual no nace del exceso de consumo, sino del encarecimiento financiero de los bienes esenciales.

El combate oficial contra la inflación actúa, en realidad, como una política de rentas inversa.
Los bancos y fondos de inversión se benefician de los tipos altos; las corporaciones con poder de mercado trasladan costes y aumentan márgenes; los trabajadores ven caer su poder adquisitivo y los Estados su capacidad de inversión.

Se llama “control de precios”, pero es redistribución encubierta: del salario al dividendo, del ahorro al activo financiero, del Estado al mercado.
La inflación no se corrige; se gestiona para sostener la transferencia de rentas que viene sucediendo, tal y como pIketty demuestra, desde la caída del muro de Berlin y al consiguiente revolución Neocon.
Y en esa gestión se asienta el segundo uso político del fenómeno: el control social a través de la economía real.


Segundo uso: gobernar a través del control económico

Cuando la política centra su acción contra la inflación en la economía real —tipos de interés, gasto público, salarios— lo que realmente hace es intervenir en la vida material de la población.
El control de la inflación se convierte así en una forma de gobernanza económica generalizada, donde el precio de los bienes cotidianos sustituye a la negociación política.

El mensaje no es solo técnico: es disciplinario.
El ciudadano aprende que cada aumento de salario, cada mejora en el gasto social, cada consumo colectivo, puede “poner en riesgo la estabilidad”.
La política económica enseña autocontención.

La inseguridad que produce esa vigilancia no es un efecto colateral, sino un objetivo funcional: una sociedad que vive pendiente de los precios es una sociedad más dócil, menos dispuesta a reclamar.
El miedo no nace de la inflación misma, sino del modo en que el poder administra el precio como mecanismo de obediencia.

Por eso el discurso antiinflacionario funciona como pedagogía del control:
no busca eliminar el desorden, sino gobernarlo.


La omisión estructural

En ningún momento del debate público se nombra la causa profunda: la inflación de activos financieros, la especulación en materias primas, la expansión del crédito privado, los derivados que distorsionan precios.
La esfera que genera el problema permanece invisible porque es intocable.
El poder político depende de ella para financiarse, sostener sus déficits y mantener la ilusión de crecimiento.

De ahí la paradoja central del capitalismo tardío:
la política se presenta como guardiana del valor del dinero, pero ya no tiene control sobre el dinero mismo.
Gobierna la apariencia —los precios visibles— y deja intacta la arquitectura que los produce.


El espejo chino

China representa el modelo inverso: una economía donde el Estado conserva el control sobre el crédito, el tipo de cambio y los precios estratégicos.
El mercado no dicta las condiciones de la política; depende de ella.
Por eso mantiene la inflación bajo control, incluso en periodos de alto crecimiento.

El Estado chino puede orientar el dinero hacia la producción real, fijar precios básicos y evitar que la especulación se traduzca en encarecimiento cotidiano.
No es una cuestión de moral, sino de jerarquía: allí el poder político gobierna a la economía, mientras que en Europa la economía gobierna al poder político.

China crece sin que la inflación discipline a su población porque la economía real no está subordinada a la financiera. Aunque ese modelo tiene sus propios riesgos autoritarios y de sobreinversión, demuestra que el control del crédito y de los precios estratégicos puede mantener la inflación bajo control incluso en contextos de fuerte expansión.
Europa sufre inflación sin crecimiento porque lo está por completo.


Epílogo: la política del precio

La inflación contemporánea no se combate: se administra.
Se presenta como una amenaza natural, pero actúa como un lenguaje de gobierno, una forma de ordenar la sociedad mediante el precio de las cosas.

Cada subida de tipos, cada ajuste presupuestario, cada apelación al sacrificio refuerza la misma estructura: un sistema que traslada su desorden al ciudadano y llama responsabilidad a la resignación.

Hoy sabemos, además, que entre un tercio y la mitad de la inflación registrada en las economías avanzadas tiene origen financiero —en la expansión del crédito, la especulación en activos y el encarecimiento del dinero.
El precio ya no refleja la economía: la gobierna.

El precio se ha convertido en el nuevo instrumento político:
mide la obediencia, garantiza la transferencia de rentas y mantiene viva la ilusión de control.
La inflación no es un accidente del capitalismo financiero:
es su forma de poder.

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