La batalla cultural por la violencia de género en España

Una anomalía española: por qué solo aquí convertimos un fenómeno marginal en batalla cultural

En las democracias occidentales existe un consenso claro: la violencia de género solo puede enfrentarse con medidas preventivas rápidas. Solo en España esa evidencia se ha convertido en guerra cultural y arma política.

En la mayoría de democracias occidentales —Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá, Australia— existe un consenso claro: la violencia de género es un fenómeno estructural que exige medidas preventivas rápidas, incluso antes de la sentencia, porque esperar al final del proceso puede costar vidas.

Es una lógica asumida y no discutida. Pero en España, esa evidencia básica se ha convertido en un campo de batalla cultural. Un fenómeno estadísticamente mínimo —las denuncias falsas— ha pasado a dominar el debate como si fuese el centro del problema.

La consecuencia es clara: la anomalía no es la ley, sino el discurso.

1. Todas las leyes generan abusos, y todas pueden usarse de manera torticera

El argumento de quienes cuestionan la ley suele ser: “puede haber abusos”, “puede generar injusticias”, “algunos hombres inocentes pueden verse afectados”. Y es cierto. Pero también es cierto de todas las leyes del Estado.

• Ley Mordaza: miles de sanciones injustas.
• Ley de Extranjería: expulsiones indebidas.
• Código Penal: prisión preventiva para personas luego absueltas.
• Leyes fiscales: contribuyentes arruinados por errores.
• Leyes urbanísticas: expropiaciones indebidas.
• Sanciones de tráfico: multas erróneas.

Nadie pide abolir estas leyes por sus abusos marginales. Solo cuando la ley protege a mujeres aparece el pánico político.

2. La protección inmediata es el estándar occidental

Las medidas cautelares españolas están en la media europea. Y muchos países aplican medidas incluso más contundentes.

• Reino Unido: órdenes ex parte, retirada de armas, desalojo inmediato.
• Francia: pulseras anti-acercamiento, órdenes en 6 días.
• Italia: Codice Rosso, intervención en 3 días.
• Portugal: delito público, medidas automáticas.
• Canadá: peace bonds, expulsión preventiva.
• Estados Unidos: mandatory arrest por indicios.

España cumple plenamente el Convenio de Estambul y no se sale de los estándares democráticos.

3. En el mundo occidental, las denuncias falsas se tratan como lo que son: un delito marginal

En Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Canadá o Estados Unidos, las denuncias falsas por violencia de género se consideran lo que son: falsedades penales mínimas, equivalentes a las de robos, estafas o lesiones.

Los datos españoles lo confirman: entre el 0,01% y el 0,1% de los casos.

• No tienen un estatus excepcional.
• No generan alarma nacional.
• No se usan para atacar leyes de protección.

Solo aquí esa excepción se convierte en cruzada cultural.

4. Las medidas cautelares no vulneran la presunción de inocencia

En todos los países democráticos existen medidas cautelares antes de la sentencia:

• Prisión preventiva.
• Embargos cautelares.
• Suspensión de funciones.
• Retirada de pasaporte.

Nadie afirma que estas figuras destruyan la presunción de inocencia. Funcionan igual que las órdenes de alejamiento: gestionan riesgo, no culpabilidad.

5. El debate jurídico existe, pero la alternativa no

Toda democracia intenta equilibrar las garantías de mujeres en riesgo con las de hombres investigados. Pero ningún país ha encontrado una alternativa que proteja mejor sin aumentar el riesgo mortal.

• El daño a un inocente por una cautelar es reversible.
• El daño a una víctima asesinada por no actuar es irreversible.

Por eso todos los sistemas mantienen este modelo: es el único que funciona.

6. La anomalía española no está en la ley: está en el discurso

• No tenemos una legislación excepcional.
• No tenemos un problema estructural de denuncias falsas.
• No aplicamos medidas más duras que Europa.

Lo que sí tenemos es:

• Un ecosistema mediático que amplifica lo marginal.
• Una extrema derecha que usa el tema como arma identitaria.
• Autores que han convertido una excepción en plataforma ideológica.

Eso no ocurre en ninguna otra democracia comparable.

Conclusión

Todas las leyes tienen abusos. Todas pueden usarse mal. Todas generan injusticias. Pero eso no convierte una ley en ilegítima.

Las leyes de protección inmediata son estándar en las democracias occidentales. Las denuncias falsas son mínimas. El modelo español no se sale de la media.

La anomalía no es jurídica: es cultural.

Y deberíamos preguntarnos qué dice de nosotros que convirtamos una excepción estadística en un problema nacional.